El viernes 15 de junio la Policía de Neuquén reprimió a miembros de la comunidad mapuche Gelay Ko, cercana a la ciudad de Zapala, que resistían la perforación de pozos para yacimientos no convencionales en su territorio.
El jueves 14 integrantes de la comunidad comenzaron un corte dentro de su territorio a
equipos de perforación petrolero de la empresa norteamericana Apache.
Al otro día, por la mañana, se hicieron presentes efectivos policiales
que procedieron a desalojar a los comuneros con violencia física y
verbal; sin considerar la presencia de niños, mayores y mujeres. La lonko (autoridad
tradicional) Cristina Linkopan fue esposada y pateada en el piso, otra
persona tendría una clavícula rota y otra presentaría graves lesiones;
al momento de escribir este comunicado aguardaban ser revisados por
médicos judiciales para constatar lo ocurrido. Además dos comuneros
fueron detenidos y, si bien fueron liberados a las pocas horas, se los
denunció por amenazas a la fuerza pública; hecho desmentido
categóricamente por parte de los mismos.
El
desalojo fue ordenado por el juez de instrucción de Zapala, Oscar
Domínguez, a raíz de una denuncia presentada por Raúl Vila,
representante de la empresa Apache. Según nos informan los comuneros, la
policía reprimió directamente sin notificar la orden judicial ni dar
lugar al retiro voluntario que se contemplaba en la misma.
El
territorio comunitario se encuentra intervenido por la industria
petrolera desde fines de la década de 1950. Durante los tiempos de la
YPF estatal y la concesión a diferentes empresas privadas se ha
priorizado la extracción de hidrocarburos por sobre los derechos
colectivos de los habitantes. Actualmente la empresa busca enfrentar a
la comunidad Gelay Ko con los habitantes de Zapala al divulgar que estas
medidas amenazan la provisión de gas a la ciudad.
En
el territorio de la comunidad, sin nunca mediar consulta o recibir
beneficios, ha sido perforado el primer pozo de gas no convencional de
Sudamérica, utilizándose el método de fractura hidráulica, una técnica
cuestionada internacionalmente por sus graves consecuencias ambientales y
sociales. Esta ha sido prohibida en Francia y Bulgaria, y se han
dictado moratorias en diferentes regiones de Europa, Norteamérica,
Sudáfrica y Nueva Zelanda.
Repudiamos
enérgicamente la medida adoptada por el juez Domínguez y la
subsiguiente represión policial en defensa de los intereses empresarios,
que lejos está de ser una medida aislada. Nos solidarizamos con la
lucha que mantiene la comunidad en defensa de su territorio y sus
derechos colectivos. Reclamamos el sobreseimiento de los comuneros
denunciados y el fin del hostigamiento y acoso que vive la comunidad.
Exigimos el cumplimiento de la legislación nacional e internacional que
garantiza los derechos de los Pueblos Indígenas.
Contacto: Cristina Linkopan, lonko de Gelay Ko: (02942) 15 575 035.
Grupo
de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), Observatorio
Petrolero Sur (OPSur) e Instituto Latinoamericano de Seguridad y
Democracia (ILSED).
