Comunicados sobre Paraguay - Algunos puntos de vista importantes

A continuación públicamos 5 comunicados respecto a lo que sucede en Paraguay, tratamos de mostrar lo que diversas organizaciones y cumbres de los pueblos opinan respecto a la situación que vive el pueblo paraguayo. Es un momento díficil para el pueblo hermano de Paraguay, pero cabe recordar que en toda crisis son los más desposeidos, los pobres, los campesinos, los hijos de nadie, a quienes asesinan las balas del capitalismo. Solidaridad activa con el pueblo hermano de Paraguay.

COMUNICADO DE LOS RELIGIOSOS DEL PARAGUAY

Asunción, 22 de junio de 2012.

Ante las gravísimas derivaciones que han tenido y están teniendo los trágicos acontecimientos de muerte de campesinos y policías en la Estancia Campos Morombí, con el subsiguiente sometimiento a juicio político del Presidente de la República, y sus consecuencias para el presente y el futuro de la vida social y política de la nación, la Junta directiva de la Conferencia de Religiosos del Paraguay (CONFERPAR), manifiesta cuanto sigue:


Desde nuestra visión cristiana el uso de la violencia y el crimen nunca serán aceptables como medio para alcanzar reivindicaciones ni defender intereses. Lamentamos la muerte de los campesinos y los policías y abogamos firmemente por el esclarecimiento de estos hechos, mientras animamos a todos a seguir trabajando por la paz como verdaderos hijos de Dios, reafirmamos que la paz querida por Dios no vendrá del ocultamiento de los problemas sino como fruto de una auténtica justicia social.

Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad de los tres poderes del estado, en el abandono de una reforma agraria integral, en no haber enfrentado el problema de la distribución de la tierra, sometida hasta ahora al acaparamiento, a la irregularidad, a la posesión mal habida; en el encubrimiento sistemático de estos problemas por parte de la justicia y el parlamento. Mientras los tres poderes del estado no den una respuesta seria y concertada a este problema, seguirán cargando sobre sus espaldas con la responsabilidad de la violencia que se genera al buscar salidas bajo presión con sus impredecibles consecuencias.

Nos llama poderosamente la atención la rápida reacción de los partidos políticos y sus representantes que han acordado impulsar el juicio político del presidente en las dos cámaras del Congreso de la Nación, que aún siendo un procedimiento constitucional, se aplica y se procede de tal forma, que crea fundadas sospechas de manipulación, afectando gravemente al proceso legítimamente instaurado por elección popular, como si esta fuera la salida a nuestros problemas y como si hubiera una responsabilidad unilateral de los hechos graves que atentan contra nuestra convivencia.

Vemos con preocupación la manipulación de los hechos, a través de muchos de los medios de comunicación, por sectores que buscan sacar provecho político, réditos de impunidad y de mantenimiento de un estado de cosas que favorece a sus intereses personales o corporativos. Vemos a los partidos políticos más preocupados con defender sus cuotas de poder y con el reparto de cargos, que buscando una verdadera respuesta a los problemas que padecemos. Vemos como una falta de respeto a la vida y la dignidad humana que se usen los hechos de muerte entre hermanos para crear un clima de inestabilidad, para estigmatizar a campesinos y criminalizar sus organizaciones, para exasperar a policías y militares, instaurando un ambiente de terror para disuadir y desmovilizar a los ciudadanos indignados.

Sorprende que los mismos parlamentarios, hace poco tiempo desprestigiados por sus bochornosos procedimientos ante los reclamos de la ciudadanía, son ahora los que acusan y se erigen en jueces absolutos, apareciendo como los defensores de la Patria. Nos da que pensar que con todo esto, no casualmente, desaparezcan del horizonte los cuestionamientos que han surgido de la ciudadanía a las listas sábanas, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte, los tímidos avances para la implementación del impuesto a la renta personal.

Como parte de la Iglesia que peregrina en Paraguay, respondiendo a nuestro compromiso con Dios y con su pueblo, invitamos a todos a participar con responsabilidad personal e institucional en la construcción de un estado de derecho basado en la justicia social, en la inclusión de todos los compatriotas, en el respeto a la voluntad popular, integrados a la marcha democrática de las naciones vecinas.

Nos sentimos parte de una Iglesia comprometida con la paz que brota de la justicia, que abraza con especial predilección a los más desfavorecidos, e invitamos a todos los sectores sociales a poner lo mejor de nosotros en la tarea de construir un país de hermanos, a trabajar por una mayor equidad en la distribución de los bienes, hacia un futuro promisorio.

Por la Junta directiva: Hermana Venancia González, FMA.
Padre José Ramón Torre-Marín, SS.CC.
Padre Alberto Luna, SJ.
Hermana María Elisa Ortiz, HC.
Padre Walter Jara, SDB.
Padre Federico Gayoso, TOR.
Padre Pedro Jubenville, CSSp.

 Paraguay, masacre de campesinos en Curuguaty (viacampesina.org)

COMUNICADO  A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC/Vía Campesina Paraguay, que nuclea a las organizaciones: CONAMURI, MCNOC, MAP, MCP, ONAI y OLT, se dirige a la opinión pública, nacional e internacional, para expresar cuanto sigue:

Lamentamos los hechos ocurridos y desembocados en la masacre de campesinos y policías, en las tierras conocidas como Morumbí –tierras mal habidas, según informe de la Comisión de Verdad y Justicia, ubicadas en el distrito de Curuguaty–; hechos acaecidos en la mañana de hoy como resultado de un conflicto social de clase, consecuencia directa de un modelo de tenencia desigual de la tierra, así como de un modelo de producción del agronegocio y de una sociedad basada en la inequidad, como lo es el capitalismo salvaje.

Denunciamos que esta situación llegó al punto conocido por la falta de políticas sociales desde el Estado –entiéndase, los tres poderes, y en los sucesivos gobiernos de turno– que no han priorizado la realización de la Reforma Agraria en el Paraguay; por  lo tanto, son todos los Poderes del Estado, y el régimen latifundiario, los responsables de este conflicto que se tiñe de sangre con la masacre de compatriotas.

Responsabilizamos al Estado, en su conjunto de poderes, por la falta de garantías a las personas que se encuentran aún en el lugar de los hechos. Urgimos a que las entidades públicas presentes en el lugar permitan a las instituciones de Derechos Humanos, tanto nacionales e internacionales, mediar en el transcurso de las horas, teniendo en cuenta que aún hay campesinos en el monte y que deben contar con todas las garantías del derecho a la vida.

Expresamos nuestra indignación y condolencia con los familiares de los asesinados.

Llamamos a todas las organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones sociales, civiles y democráticas en general a la movilización, y a mantenerse en alerta ante las pretensiones de uso sobre los hechos ocurridos por parte de los grupos de poder económico, para la criminalización de la lucha social, además de defender el proceso democrático.

¡Por la recuperación de tierras mal habidas!

¡Por la Reforma Agraria en el Paraguay!

Damasio Quiroga-MCP

0982-724-744

Elvio Trinidad-MCNOC

0981-420-616

Alicia Amarilla Leiva-CONAMURI

0982-537-627

Diógenes López-OLT

0983-150-527

Jorge Galeano-MAP

0976-992-105

Cumbre de los Pueblos condena muerte de campesinos en Paraguay (Telesur)

La Cumbre de los Pueblos, que congrega a decenas de movimientos sociales de todo el mundo de manera paralela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, rechazó este sábado la “masacre” de campesinos en Paraguay.

Movimientos sociales de la Cumbre de los Pueblos condenaron este sábado la muerte de nueve campesinos en Paraguay durante un operativo de desalojo de una hacienda en el departamento de Canindeyú (sureste). En el hecho también fallecieron ocho policías.

La activista del grupo Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras e Indígenas (Conamuri), Carla Álvarez Brítez, indicó que piden “el cese de la masacre que no acabó” porque “todavía hay compañeros escondidos que están totalmente sitiados”.

Aseguró que las autoridades de la nación suramericana están utilizando el suceso para justificar la intervención en otros asentamientos de campesinos sin tierra, lo que a su juicio, significa la criminalización de la lucha campesina.

Álvarez, quien calificó el hecho como “la peor masacre”, expresó que las autoridades señalan a los campesinos de ser los delincuentes. Añadió que ciudadanos que habitan en la región donde ocurrió el suceso afirman que el número de muertos podría elevarse a 30.

En tal sentido, acotó que la información que reciben es “muy parcial”. Sin embargo, destacó que “la culpa de la masacre es del modelo del agronegocio impuesto en el país aunque la mano ejecutora es la policía, con la complicidad de las empresas.

Al menos 17 personas fallecidas, entre policías y campesinos, fue el saldo que dejó un enfrentamiento durante un operativo de desalojo de una hacienda ubicada en la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (sureste) de Paraguay.

Según los último informes oficiales, también resultaron heridas 20 personas y fueron detenidos un número no confirmado de campesinos.

Imputan a campesinos

Nueve campesinos sin tierra de Paraguay fueron imputados este sábado por la muerte de funcionarios de la policía, durante enfrentamientos que tuvieron lugar el viernes. Entre los acusados destaca un joven de 15 años.

Tras el hecho, Carlos Filizzola renunció a su cargo como ministro del Interior, por lo que fue juramentado Rubén Candida Amarilla como el nuevo titular del despacho, durante un acto oficial presidido por el mandatario de ese país, Fernando Lugo.

 Comunicado sobe la masacre de campesinos en Paraguay (lahaine.org)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas, junto con otras organizaciones sociales y populares fraternas, reunidas en plenaria popular y permanente, manifiesta cuanto sigue:

La masacre ocurrida en Marina Cué, del departamento de Canindeyú, más conocido como Campo Morombi, en el día de ayer 15 de junio, fue consecuencia de un conflicto de clases histórico en la sociedad paraguaya, producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos.

El mismo escenario de conflicto es el símbolo material del despojo sistemático e histórico llevado a cabo por la dictadura stronista y sostenido aún hoy por el Estado paraguayo a través del Poder Judicial, en connivencia con los otros poderes, teniendo en cuenta que el inmueble en cuestión fue otorgado de manera fraudulenta al exsenador y empresario Blas N. Riquelme, como supuesto sujeto de la Reforma Agraria.

Repudiamos y rechazamos el nombramiento de Rubén Candia Amarilla como nuevo Ministro del Interior, asumiendo la persecución y criminalización de la lucha social que se llevó a cabo durante su mandato como Fiscal General del Estado, en los operativos montados para la captura y aprehensión de dirigentes, compañeros y compañeras campesinas inocentes bajo la supuesta “lucha contra el EPP”.

Exigimos al presidente Fernando Lugo el alto al fuego y el retiro inmediato de las fuerzas policiales y militares de la zona de enfrentamiento, y que se garantice el trato humanitario con la presencia de una comitiva interinstitucional conformada por representantes de los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que resguarde los derechos y garantías de las personas y familiares de las víctimas.

Demandamos la expropiación de esta y otras tierras malhabidas, y exigimos el destino de las mismas a las comunidades campesinas e indígenas sin tierras, verdaderos sujetos de una Reforma Agraria Integral.

Exigimos acciones inmediatas en cuanto a:

· La identificación de las personas fallecidas, hospitalizadas, y aprehendidas.
· Se garantice la seguridad, la atención y el debido proceso de las personas afectadas, comunicando a la vez, de manera efectiva y responsable a los familiares afectados.
· Se evite el amedrentamiento, la detención arbitraria, la persecución y la tortura de parte de las fuerzas represivas, que hasta el día de hoy se siguen denunciando por parte de los familiares de las víctimas en la zona.
· La identificación de las personas responsables del enfrentamiento.

Manifestamos nuestra solidaridad con los familiares de los asesinados, y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, populares y civiles a que estén atentas y movilizados para defender nuestros derechos, la profundización del proceso democrático, frente a la ofensiva de grupos de poder económico y político que pretenden imponer sus intereses corporativos, antes que priorizar las necesidades del pueblo paraguayo.

Alentamos al sector popular a mantenernos firmes y en alerta, fortaleciendo y participando en nuestras organizaciones de base por una reforma agraria integral en nuestro país y la recuperación de tierras malhabidas.

Asunción, 16 de junio de 2011

CONAMURI – MCNOC – JCP – MOAPA – MUP – JT – JETYVYRO – CREAR – SAITE – MUI – IALA GUARANÍ – OLT – JOC – ONAC – PT – FIAN – MCP – PMPP – FIP – ONAI – CBPT – CONNAT’S – BASE.IS – CALLESCUELA – FSPP
conamuri@gmail.com

Militarización y asedio luego de la masacre de campesinos en Paraguay (desinformemonos.org)

Una intervención policial para desalojar de una propiedad a campesinos, devino en una masacre donde al menos 18 personas perdieron la vida y otras 80 resultaron heridas durante el tiroteo.

Carlos Aznares

 

No satisfechos con la masacre gestada por las fuerzas policiales, en el desalojo de los campesinos de Caraguaty, el gobierno de Fernando Lugo ha ordenado -y enviado- fuerzas militares para que se sumen a los cientos de policías que peinan la zona. Los uniformados, convenientemente acicateados por la prensa amarilla paraguaya y las organizaciones patronales de la derecha, van a seguir haciendo lo que ha sido habitual en los dos últimos años: militarizar aún más los territorios donde habitan los campesinos más pobres de Latinoamérica. Todo esto para defender los intereses económicos de multimillonarios como el latifundista Blas Riquelme, dirigente del partido Colorado y uno de los mandamases de la Asociación Rural del Paraguay. Esa misma institución que anoche exigía que Lugo dé la orden para que “paracaidistas se lancen sobre la zona para exterminar a los asesinos de nuestros policías”.

Esto es, otra vez, la crónica de una tragedia anunciada. Hagamos memoria: cuando necesitaba llegar al gobierno, el ex sacerdote Lugo rogaba por los votos campesinos, y como suelen hacer los politiqueros, prometió de todo: que reforma agraria, que viviendas dignas, que salud y educación para los hijos de los más humildes. Luego, una vez instalado en el sillón, priorizó las relaciones con la derecha, con los empresarios sojeros, con el latifundio descarado que hace que sólo diez familias concentren en sus manos el 90 por ciento de las tierras del Paraguay.

Para darle protección a sus socios, el “progresista” gobierno paraguayo implementó medidas represivas, promulgó la ley antiterrorista y dio, en varias ocasiones anteriores a esta última masacre de Caraguaty, luz verde a los mandos militares para que repartieran terror entre el campesinado del norte y de las zonas fronterizas con Brasil.
 

Sin embargo, la miseria no permite muchas alternativas. Como lo dijera el ahora asesinado líder campesino Rubén Villalba, “o peleamos de pie, o la oligarquía latifundista nos va a seguir matando día a día. Ellos nos quieren de rodillas y lamiendo de su mano, pero nosotros estamos hartos de tanta prepotencia”. Villalba, como su compañero Espíndola, son hombres muy queridos en la zona, sacrificados militantes del sudor agrario, que estaban cansados de la pobreza y el abandono producido por esa casta oligárquica stronissta, que se halla enquistada en todas las instituciones del Paraguay desde hace décadas. Por eso siguieron y seguirán ocupando tierras, por eso defendieron con su vida la dignidad de tantos y tantos como ellos, que los acompañaban en la ocupación.

Mientras Lugo y su comparsa, se llenan la boca de lisonjas y pésames para los uniformados masacradores, mientras para ellos todo es atención, helicópteros para el rápido traslado a los mejores hospitales, y hasta cobertura mediática generando un clima de linchamiento contra esos “invasores de tierras” (como le gusta decir a los escribas del ABC Color), los cuerpos de los campesinos, agujereados por el plomo policial, se pudren al sol. A algunos, groseramente se les plantan ristras de balas sobre sus pechos sangrantes, a otros, se los escupe y carajea. En realidad, se los continúa maltratando, ahora que están muertos, como hasta ayer lo hacía, cuando sobrevivían.

Ya es tiempo de que no nos sigan insinuando la misma gacetilla: “si se critica al gobierno (y sus atrocidades) se le hace el juego a la derecha”. El propio Presidente se metió en este laberinto cuando a los pocos días de asumir, firmó acuerdos de colaboración policial con Colombia, para que los sicarios de Uribe Vélez adiestraran las tropas de uniformados paraguayos que ya se comenzaban a preparar para abortar a tiros las ocupaciones de tierras.

No es erróneo decir que la derecha ya gobierna en el Paraguay, aunque algunos “progresistas” acomodados, que usufructúan cargos y buenos sueldos, sigan disculpando al Presidente cada vez que éste huye hacia adelante a punta de represión.

Ahora, frente a esta masacre, no caben las medias tintas ni las indefiniciones. O se está con los que asesinan, torturan y encarcelan al campesinado, o se sale a redoblar la solidaridad nacional e internacional con quienes luchan por tierra y una vida un poco más digna que el infierno al que los han condenado la oligarquía y sus cómplices.

Nosotros, no dudamos en donde pararnos, y por eso convocamos a respaldar a las organizaciones campesinas paraguayas y a exigir que cese la violencia policial y militar. También, es imprescindible que se facilite que una comisión neutral investigue “in situ” como se dieron los hechos del día viernes. En esa iniciativa bien pudieran estar los enviados de la Gremial de Abogados argentinos (que habitualmente defienden a militantes del campesinado paraguayo, y que ya han anunciado que salen hacia Asunción en las próximas horas) y por supuesto, las organizaciones de derechos humanos locales, como la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy).

Lo que no puede ser, es que sigamos indiferentes frente a este nuevo intento de exterminio de los sectores más concientizados y combativos del campesinado paraguayo, a manos del stronissmo y sus herederos.