El
Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes de
organizaciones de derechos humanos nacionales, estuvieron presentes en
la audiencia de ayer –miércoles 2 de mayo-. Más de 130 peritos y cinco
meses de audiencias sucesivas utilizó la Fiscalía para entregar sus
pruebas, sin aportar evidencia concluyente y, por el contrario, siendo
acusados de diversas irregularidades, algunas de las cuales son objeto
de investigación administrativa.
El
pasado viernes, tras más de cinco meses de audiencia sucesivas, la
fiscalía concluyó su presentación de pruebas -cerca de 130 testimonios
de peritos y testigos- en contra de seis imputados en el denominado
“Caso bombas”, bajo la invocación de la ley antiterrorista, el que hasta
ahora ha estado marcado por graves irregularidades y que el miércoles 2
de mayo comenzó a conocer las declaraciones y testimonios de las
defensas.
Frente a estas denuncias y
encontrándose el juicio pronto a entrar en su fase de término, pues los
abogados defensores han estimado en máximo dos semanas el tiempo que
ocuparán en sus presentaciones, representantes de organizaciones de
derechos humanos (CINTRAS, CECT, Observatorio Ciudadano, y Psicólogos
por Ñuñoa), además de un abogado del Instituto de Derechos Humanos que
se acercaron al Centro de Justicia a presenciar la audiencia, con el
objetivo de cautelar los derechos de los imputados y que se respeten las
normas del debido proceso.
NI TRAZAS, NI ADN
El
primero de los testimonios de hoy fue el de la bioquímica Shirley
Villouta, a quien le correspondió verificar la presencia de trazas de
nitrato en evidencia obtenida en el marco de los violentos allanamientos
con que fueron detenidos los imputados. Afirmando que la evidencia
periciada no alcanzaba a contener ninguno de los niveles de
concentración de sustancia establecidos para los distintos tipos
denominaciones de trazas, los que podrían encontrarse en niveles
similares por el uso de anilina o, como acreditó uno de los abogados en
esta causa, por el uso de un determinado detergente.
Luego
testificó el biotecnólogo médico, Hugo Jorquera, quien debió periciar
distintas vestimentas para procurar encontrar perfiles genéticos
comparables con los imputados. Sin embargo, el perito aclaró que en las
prendas existían más de un perfil genético, que hacían inviable una
comparación y por ende una identificación, así que la prueba no sería
válida. Cabe destacar, a su vez, que las muestras de ADN les fueron
extraídas a los imputados bajo fuerza y por vía indovenosa (hoy basta
una férula en la boca), lo que fue considerado como un acto de tortura
por observadores de derechos humanos que les visitaron en la cárcel
pública cuando se encontraban a más de 40 días de huelga de hambre en
2011.
LAS IRREGULARIDADES DE LA FISCALÍA Y LA CITACIÓN A HINZPETER
Falsificación
de instrumento público -en una decena de casos- donde la firma de quien
emite testimonio no coincide con la de la persona, hechos que
actualmente son objeto de investigación administrativa de la que se hará
parte el Consejo de Defensa del Estado; extravío de la cadena de
custodia de pericias claves, donde se establecen los movimiento que
tienen dichas pruebas y por ende garantizan su veracidad; prácticas
dilatorias que le han valido varias costas a la fiscalía aún no
canceladas; y el uso de los alcances de la figura de asociación ilícita
en juicio, delito del que ya fueron sobreseidos todos los imputados, son
algunas de las graves faltas de las que adolece.
La
defensa ha citado a declarar al ex fiscal a cargo de la causa,
Alejandro Peña, y al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Este
último se negó a presentarse a la audiencia, ofreciendo ser interrogado
en su despacho en fecha que fijó para este 18 de mayo.
OBLIGACIÓN DE ACREDITACIÓN PARA LA PRENSA Y PROHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El
tribunal informó durante la audiencia, que todos los medios de
comunicación que asistan a las audiencias que restan de este juicio,
deberán acreditarse, y que están prohibidas las fotografías a los
imputados.
Por Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano
Fuente El Ciudadano
