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El martes 3 de abril, a las 10 de la mañana, más
de 40 vecinos de Totoral y Copiapó
llegarán a los Tribunales de Justicia para hacerse parte en la apelación que
interpusiera la empresa brasilera ex MPX, el Consejo de Defensa del Estado y
la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, contra la resolución
unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que evidenció que el
Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza actuó ilegalmentemente al cambiar
la calificación sanitaria del proyecto termoeléctrico más grande de América
Latina, de industria “contaminante” a simplemente “molesta”. Las implicancias de este proceder del
funcionario, tal como indicó el fallo favorable al recurso de protección
interpuesto por la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Copiapó y
el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), implican la
revocación de los permisos ambientales de la Termoeléctrica.
Álvaro Toro, abogado en el recurso, señala que en
la oportunidad solicitarán ser parte en el proceso de apelación, lo que
supone tener participación en los alegatos, “pero además solicitaremos una
medida precautoria, basados en la contundencia del fallo unánime de la Corte
de Apelaciones de Antofagasta, que solicita la paralización de todas las
obras y de todos los procedimientos que puedan consolidar el proyecto, en
tanto dure el proceso de apelación en la Corte Suprema.”
La agenda de las y los totoralinos y de las
organizaciones de Copiapó que los acompañan, contempla también una visita a
Teatinos 120, para expresar a las autoridades de Energía, Minería y Economía
que se abstengan de hacer declaraciones que generen un ambiente de presión sobre
la Corte Suprema y la ciudadanía. Esto, luego de que Pablo Longueira
declarara en la prensa cuestiones como que “esta judicialización de los
procesos es arriesgar el modelo de desarrollo que tiene Chile“, o que el sub
secretario de energía Sergio del Campo dijera “es un derecho que tienen las
personas a poder obstaculizar los proyectos. No podemos pronunciarnos sobre
los fallos, pero sí señalar que se están introduciendo, claramente, mayores
riesgos para las inversiones del sector eléctrico”. Lucio Cuenca, director de
OLCA, señala que “resulta asombroso que la legítima y necesaria defensa de
las comunidades de sus derechos, sea entendida por la autoridad como un
obstáculo a los proyectos, y no como una señal país de que el proyecto de
desarrollo que está asumiendo Chile no considera la vida ni el parecer de los
directamente afectados… señal peligrosa, preocupante y por lo demás muy
triste”.
Cabe señalar que las comunidades pidieron audiencia
al ministro de economía hace dos
semanas, para solicitarle personalmente que se abstuviera de hacer
declaraciones al menos mientras durara el proceso judicial, sin embargo la
secretaria señaló que no había espacio en la agenda.
Luego, en la tarde, las y los viajeros se
reunirán con diversas organizaciones sociales de Santiago, que respaldan la
lucha de la comunidad nortina y que quieren profundizar en alguna estrategia
común. La cita será a las 16:00 horas en la sede de Constramet, Santa Rosa Nº
101, comuna de Santiago.
Comunicaciones OLCA
Santiago – Copiapó 2 de abril de 2012
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