El pasado miércoles 4 de abril, la Tercera
Sala de la Corte Suprema -en fallo dividido de tres votos contra dos- rechazó
los siete recursos de protección interpuestos en contra del megaproyecto
hidroeléctrico Hidroaysén, en los que se denunciaban graves irregularidades
constatadas en su proceso de evaluación ambiental.
Como organizaciones sociales, ambientales
y de derechos humanos, rechazamos de plano esta resolución de última instancia,
a la vez que denunciamos y condenamos de modo enérgico el conflicto de interés
que tiene en la causa uno de los magistrados que resolvió a favor de la
empresa, el ministro Pedro Pierry, dado que posee en ella acciones por más de
90 millones de pesos. Un voto, por lo
demás, que resultó ser decidor a la hora de dirimir el veredicto de este
tribunal, que sentencia a la Patagonía, a sus ríos y a las personas que habitan
esas australes tierras a la pérdida de sus bienes comunes.
A casi un año de la aprobación inicial del
proyecto –el 9 de mayo de 2011- por parte del Consejo Regional Ambiental de
Aysén, denunciamos una vez más la imposición de un modelo energético social y
ambientalmente insustentable, pues constituyen falsas soluciones que sólo
responden a intereses corporativos.
Proyectos como Hidroaysén son refrendados por las autoridades como una
respuesta válida, pero en la práctica, éstos en lugar de resolver una crisis
estructural provocada por el propio sistema, la profundizan.
De allí el contundente repudio por parte de
la ciudadanía y de la sociedad civil organizada a éste y otros megaproyectos
energéticos que intentan instalarse en Chile, tales como Castilla, Isla Riesco
y Barrancones, evidenciando el divorcio que existe entre las decisiones de la
autoridad y la opinión de comunidades locales afectadas y a nivel nacional, así
como en la manera en que unos y otros entienden y asumen la protección del
medio ambiente.
Chile requiere hoy de cambios profundos en
el enfoque de su política energética, que respondan a las reales necesidades de
las personas y que a su vez hagan resguardo del medioambiente y la
sostenibilidad de los distintos territorios.
La aprobación unánime y sin mayores reparos de un proyecto de la
envergadura de Hidroaysén por parte de la institucionalidad ambiental, así como
los fallos preliminares de Cortes de Apelaciones y el reciente de la Corte
Suprema, que no resguardan garantías fundamentales como son el derecho a la
vida, a la integridad física y síquica y a vivir en un medioambiente libre de
contaminación, son ejemplos inequívocos que el estado avanza en una senda
contraria a lo que la inmensa mayoría de los chilenos anhela y necesita.
Una reflexión de fondo a estas causas
estructurales y falsas soluciones tendrá lugar en Río de Janeiro en junio próximo. A 20 años de la Cumbre de la Tierra realizada
en esa misma ciudad, éstos son parte de los ejes de discusión que darán forma a
la Cumbre de los Pueblos –que se desarrolla en paralelo a la cumbre oficial
Río+20 de representantes de Estado-, en donde se establecerán estrategias
conjuntas regionales y mundiales para alcanzar
los cambios a que aspiramos.
¡Justicia social y ambiental para nuestros
pueblos!
PLATAFORMA RÍO + 20 CHILE
Santiago,
miércoles 11 de abril de 2012
