Vivimos en ciudades marcadas por una inequidad urbana básica: ni los gobiernos ni el mercado han sido capaces de proveer viviendas ni entornos adecuados para las personas de bajos ingresos. Más aún, con las políticas cuantitativas de vivienda social y la inexistencia de planificación y de política urbana –incluida la carencia de gestión pública de suelo con fines habitacionales- hemos reproducido y aumentado la inequidad, gracias a la masiva construcción de viviendas de mínimo estándar en nuestras periferias.
Pensamos que la ciudad es un artefacto colectivo en cuya creación los ciudadanos tienen derecho a intervenir activamente, no solo respecto a lo existente sino a lo que puede llegar a ser; a definir lo que queremos y esperamos de la ciudad. En esa dirección, vemos a los ciudadanos como agentes activos de construcción y desarrollo de las políticas urbanas y no como meros receptores pasivos de las mismas.
Por ello, valoramos y solidarizamos con los procesos de autogestión adelantados por movimientos como el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) y sus Inmuebles Recuperados por Autogestión (IRA) en la medida que representan nuevas modalidades propositivas para participar en la gestión urbana, para disminuir las inequidades urbanas y para hacer efectivo el derecho de permanecer en la comuna de Santiago. Estas experiencias nos demuestran que existe capacidad de encuentro de intereses comunes y no excluyentes que permiten construir identidades comunes y esa idea de ciudad que queremos desde una nueva noción de lo común, lo público y el derecho a la ciudad.
Nos preocupa que pese a que desde varios meses atrás estaría operando una mesa de diálogo y negociación con SERVIU y el Ministerio de Bienes Nacionales, este último ha conminado a los pobladores ocupantes de IRA a abandonar las propiedades, que serían licitadas a empresas inmobiliarias y no vendidas a sus actuales ocupantes para desarrollar un programa de vivienda social.
Esta actitud no se condice con la práctica habitual de dicho ministerio que ha cedido innumerable cantidad de inmuebles y propiedades de todas las chilenas y chilenos a intereses particulares e individuales y, sin embargo, pone reparos cuando se trata de un interés colectivo como el de los vecinos que han recuperado con su esfuerzo y su trabajo voluntario inmuebles que estaban en completo abandono y semi-destrucción.
Instamos al Ministerio de Bienes Nacionales y al MINVU a continuar con las conversaciones de la mesa y a perseverar en la búsqueda de soluciones que pongan en práctica el discurso del Presidente de la República cuando anuncia que no sólo lo económico es importante sino que los ciudadanos deben ser defendidos.
Comité de Hábitat y Vivienda – Colegio de Arquitectos de Chile
Santiago, 4 de enero 2012
