Sr. Sebastián Piñera
Presidente de Chile
Presente
De nuestra consideración,
La Comisión Ética Contra la Tortura quiere manifestarle nuestra profunda preocupación por una serie de hechos que afectan los derechos humanos.
1- Este fin de semana se ha allanado la comunidad Cacique José Guiñon, del sector San Ramón en la Comuna de Ercilla en la región de la Araucanía.
Más de 200 efectivos de fuerzas especiales de Carabineros participaron de estos operativos donde han resultado dos personas heridas, y una mujer embarazada ha sido hospitalizada en Victoria.
El lonko José Cariqueo relató que: “tuvimos heridos, uno de ellos con impacto de bala con salida de proyectil en la rodilla, y las bombas que llegaban directamente a la casa”, dijo, agregando que una joven embarazada tuvo vómitos y convulsiones, “por eso tuvimos que llamar por una ambulancia y carabineros impidió que la ambulancia llegará”, denunció.
Debemos recordar a Ud. que recientemente la corte de apelaciones de Temuco acogió un recurso, que ordena a Carabineros de Chile, “abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en las patios de las viviendas particulares de la comunidad indígena ya referida”.
Debemos recordar que Chile ha ratificado el Convenio 169 y una serie de otros tratados internacionales de derechos humanos que indican que se deben garantizar una serie de derechos a los pueblos indígenas.
Todos sabemos que el Estado chileno sigue estando en deuda con las reivindicaciones que levantan las comunidades mapuche. No puede ser la represión desmedida y brutal la respuesta del estado a los reclamos mapuche. Estos hechos se deben investigar y sancionar. Nada justifica tanta represión.
2- En el Congreso se esta discutiendo un Proyecto de Ley sobre Orden Público el que desde nuestro punto de vista le colocará una mordaza a la democracia chilena ya que declara una serie de limitaciones y prohibición del derecho a reunión, expresión, asociación, manifestación, similar al que establece la instalación del estado de sitio cuyo sentido es el control total de la sociedad y su inmovilidad ante demandas reivindicativas.
Con este Proyecto de Ley, que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ha sido visto en la Comisión de ciudadanía, antes de su paso final en el Senado, serán objeto de sanción los organizadores de toda manifestación social y quienes participen en ellas.
La opinión pública tiene que saber que las penas de prisión que se proponen van de 541 días (un año y medio) a 3 años de cárcel para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza que importe paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; etc.
Con esta norma, el Estado y el Gobierno chileno, colocan a la ciudadanía por debajo de los estándares que exige la normativa internacional de Derechos Humanos relacionada con los instrumentos que consignan los Derechos Civiles y Políticos y masifica la aplicación a la sociedad y a sus movimientos sociales de una especie de ley antiterrorista, que de aprobarse, sus negativas consecuencias nos colocarían como país, entre los más aberrantes desde el punto de vista del Derecho y del acceso a la Justicia.
3 - Como efecto del movimiento estudiantil desarrollado durante el transcurso del año 2011, persisten liceos “tomados” por estudiantes que permanecen en dichos recintos bajo el predicamento de su derecho a educación pública, de calidad y gratuita para todos.
Haciendo abstracción de las demandas de los estudiantes, en la calidad de representante de un organismo de defensa y promoción de los derechos humanos, me permito poner en su conocimiento las condiciones infrahumanas, de hacinamiento y de violencia sicológica que padecen los jóvenes estudiantes, lo que es acrecentado por la incertidumbre sobre sus vidas futuras, las represalias de parte de autoridades educacionales y municipales, las amenazas de desalojo mediante la fuerza y la negación de matrículas para continuar sus estudios.
Es válido recordar a Ud. y a las autoridades a cargo de los liceos bajo control municipal, que la educación es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cuya expresión está recogida en diversas declaraciones internacionales.
Es, por tanto, un deber y una responsabilidad del Estado ayudar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la sicología, de la pedagogía y de la didáctica, a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales, sociales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido de sus vidas, superando los obstáculos y no incrementándolos.
Los niños y jóvenes tienen derecho a las condiciones de posibilidad de expandir sus potencialidades y a no ser reprimidos por quienes son responsables de su formación, así como tampoco por personalidades autoritarias ni ideologías totalitarias, sino que las autoridades deben captar las contradicciones que existen en la sociedad e intentar superarlas.
La información recogida en los establecimientos educacionales en conflicto y que han vivido y continúan viviendo bajo la represión, será entregada a los tribunales y a los organismos internacionales de derechos humanos.
Por todo lo anterior, le solicitamos poner fin al acoso del que son víctimas los estudiantes que han participado del legítimo derecho a la manifestación pública; retirar o modificar el Proyecto de Ley sobre Orden Público; y tomar las medidas necesarias para terminar con la represión al pueblo mapuche como satisfacer sus demandas.
Le saluda atentamente,
Juana Aguilera J.
Presidenta
Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile).
Santiago, 9 de enero 2012
