Pobladores, estudiantes y trabajadores de la Universidad de Chile exigieron al rector Víctor Pérez y al Servicio de Vivienda y Urbanismo la conformación de una mesa de diálogo tripartita para concretar la venta del terreno La Esperanza, que a fines de los años ’60 le había cedido a esa casa de estudios sus antiguos dueños. La máxima autoridad de la institución educacional no responde a las demandas y mantiene reserva sobre el destino de dicha propiedad.
Luego de dos días buscando una declaración por parte de las autoridades de la Universidad de Chile, para que respondan algunos señalamientos que explican por qué durante la mañana del pasado martes, un grupo de unas 100 personas -pertenecientes al Comité de Allegados Futura Esperanza, de La Reina; trabajadores de la Universidad de Chile y estudiantes del Campus Juan Gómez Millas de esa institución-, se tomaron el terreno La Esperanza, ubicado en la intersección de Avenida Larraín con Las Perdices, en La Reina, no hubo respuesta.
La acción exigía levantar una Mesa de Trabajo entre la Universidad de Chile, el Serviu –Servicio de Vivienda y Urbanismo- y el Comité de Allegados Futura Esperanza, para establecer las formas, valores y plazos para el traspaso del predio que el rector Víctor Pérez prometió venderles.
La toma fue reprimida por carabineros de Fuerzas Especiales, y terminó con un saldo de 7 detenidos, entre ellos tres estudiantes del campus Juan Gómez Millas. El recién elegido secretario general de laFederación de Estudiantes, Felipe Ramírez, quien se encontraba en el lugar apoyando a los pobladores, denunció que “Carabineros ya estaba adentro del predio cuando llegaron los manifestantes, esperándolos”. Y agregó que los pobladores protestaron en forma pacífica y fueron agredidos “en forma brutal”, con golpes, zorrillos y carros lanza agua.
Al desalojar el lugar, un grupo de estudiantes, trabajadores y pobladores se quedaron en las inmediaciones del terreno, a la espera de que llegara algún representante de las autoridades universitarias, pero nadie se presentó, y optaron por retirarse sin obtener una respuesta cerca de las 11:30 de la mañana. Luego, un grupo reducido hizo una barricada con 10 neumáticos en las esquinas de Alessandri con Larraín.
LA GÉNESIS DEL CONFLICTO
A fines de los años 60, un grupo de pobladores le cedió a la Universidad de Chile los terrenos para que se instalara ahí el Internado Nacional Barros Arana (Inba), cosa que nunca sucedió. Los hijos de los propietarios del terreno, que ahora viven como allegados, piden que la “Casa de Bello” busque una fórmula para que ellos puedan resolver su problema habitacional.
Hace tres años, esos pobladores de Villa la Reina emprendieron el camino de la organización social y se reunieron en el Comité de Allegados Futura Esperanza. “¡No pedimos que nos regalen los terrenos, queremos pagar por ellos!” declaró Fernando Encina, dirigente de dicho Comité.
El problema surge cuando, en el año 2008, las autoridades universitarias resuelven vender el terreno como una forma de autofinanciar un proyecto bicentenario que pretende construir en el Campus Juan Gómez Millas un modelo de infraestructura y gestión.
Ese año, los y las estudiantes se involucraron en una serie de manifestaciones al interior de la Chile, que terminaron con la firma de un Acta de acuerdos finales de una Mesa de Diálogo y Acercamiento del Campus Juan Gómez Millas. En uno de los puntos de este acta –el número 7- se determina que: “Con respecto a la propiedad de la venta de la propiedad de La Reina, se manifiesta la voluntad de esta sea vendida preferentemente a un organismo público en igualdad de oferta”. (acta)
¡NO PEDIMOS QUE NOS REGALEN EL TERRENO!
“Hace como un año y medio nos juntamos con el Rector de la Universidad de Chile, el señor Víctor Pérez, y él nos dijo que tenía la intención de vendernos los terrenos, sobre todo porque eso estaba estipulado en el acuerdo que firmaron”, cuenta el dirigente del Comité de Allegados Futura Esperanza, Gustavo Yáñez.
En aquella oportunidad, afirma Yáñez, el rector de la Universidad (en la foto) les explicó que tenía que llamar a licitación pública y que si ellos querían comprar el terreno tenían que igualar la oferta que se presentara en la mesa. Después de esa reunión nunca más fueron recibidos.“Nosotros le explicamos al rector que esos terrenos habían sido cedidos por los propios pobladores, sin cobrar ni un peso, para que se construyera ahí el Instituto Barros Aranas y, ya que nunca se concretó ese proyecto, lo correcto era devolvernos esas tierras, pero a través de una venta, en la que el Serviu – Servicio de Vivienda y Urbanismo- accedió a apoyarnos con un subsidio de 3,9 UF por metro cuadrado” afirmó Yánez.
“Es brutal la realidad que viven los allegados de la Villa La Reina, llegan a agruparse hasta en cinco familias por vivienda”, denuncia el dirigente Fernando Encina.
“Lo que nosotros queremos, es dignidad para los pobladores y que la Universidad de Chile, al momento de la licitación, la haga orientada al SERVIU. Somos pobladores que pedimos que no nos hagan competir con privados que sabemos que pueden ofrecer mucho más dinero por las compras de los terrenos… La Universidad asumió un compromiso con los pobladores y debe responder”, sentenció Encina.
Por su parte el electo dirigente estudiantil, Felipe Ramírez, afirmó que los estudiantes apoyarán incondicionalmente la demanda de los pobladores y que no cesarán en su lucha hasta conseguir que las autoridades universitarias cumplan con el rol social de la Universidad y subsanen la deuda histórica que tienen respecto a los terrenos.
EL PLAN REGULADOR
En el comunicado que hizo público el comité de allegados, además se instó al alcalde de la Reina, Luis Montt, y a las autoridades municipales a “acabar con los hostigamientos y destrabar el conflicto por el uso de suelo del terreno, cambiado a espaldas de los pobladores y que hoy pretende impedir la construcción de la población”.
Al respecto, Encina dijo: “La Municipalidad y en particular el alcalde Montt, de espalda a los pobladores, nos cambió el uso del suelo en el plan regulador, debido a eso el terreno de la esperanza, destinado a múltiples cosas, entre ellas la construcción de viviendas sociales hoy solo puede ser usado para levantar proyectos de equipamientos sociales que en la práctica se traducen en la construcción de instituciones de educación privadas, supermercados, ese tipo de cosas”
“Nosotros presentamos una serie de formas para convocar a la audiencia municipal o comunal, fuimos a presentarnos a la Municipalidad y recibimos puras palabras demagógicas que han significado una postergación permanente”, dijo Encina.
Finalmente y a modo de reflexión, el dirigente comunal agregó: “A pesar que hoy no recibimos respuesta de las autoridades de la Universidad salimos de la movilización con la moral en alto porque hemos logrado visibilizarnos, gracias a los medios de comunicación, consiguiendo que todo Chile se entere que estamos peleando unidos por una causa común que trata de avanzar en la conquista pora la vida digna de la gente… es en la organización popular donde se aloja un potencial fundamental para las transformaciones sociales en Chile, hemos emprendido un camino de construcción”.
EL MUNICIPIO SE LAVA LAS MANOS
Consultado respecto a las denuncias sobre un cambio en el plan regulador de espaldas a los pobladores, el periodista y vocero del municipio de la Reina, Juan Enrique Pérez, negó las acusaciones y dijo que la Municipalidad había realizado una campaña excepcional para informar a los vecinos sobre las modificaciones que se realizarían.
“Hicimos varias reuniones en la comunidad”, contó Pérez, quien afirma que incluso a una cuadra del terreno de La Esperanza se realizó una asamblea comunal para explicar las modificaciones y recibir las sugerencias y observaciones de los vecinos. Según Pérez, el plan regulador se aceptó en común acuerdo entre pobladores y personal de la Municipalidad.
Según la encargada del Departamento de Regulación de la Municipalidad de Santiago, Marcela Quezada, el proyecto de regulación, que se inició el año 2007 y finalizó el 2010, cumplió con todos los aspectos regulados por la ley. “El plan se expuso al público durante 120 días, en consecuencia que la ley solo exige 30, además se hicieron reuniones con los vecinos, se hizo una publicación en el diario oficial y se le envió un aviso a través de cartas certificadas a todas las personas afectadas por el cambio en el plan regulador”, explicó Quezada.
“El terreno de La Esperanza es un terreno privado, y a su dueño, la Universidad de Chile representada por Víctor Pérez, se le avisó sobre esta modificación y él no presentó reparo”, afirmó el vocero municipal. (Carta a Pérez)
El Municipio, aseguró su vocero Juan Enrique Pérez, recibió varias respuestas de vecinos, avisados por carta certificada, que hicieron observaciones al plan y todas ellas fueron consideradas e incluidas en el proyecto oficial.
“Lo que el alcalde Luis Montt cree es que el rector de la Universidad nunca tuvo la intención de venderle ese terreno a los pobladores, porque eran muy pocos”, aseguró Juan Enrique Pérez y agregó: “lo que pase ahora y quien se quede con el terreno solo depende del rector de la Universidad de Chile”.
El funcionario de la Municipalidad confirmó que el nuevo Plan Regulador asigna al terreno un uso de suelo de equipamiento, lo que significa que solo se pueden construir proyectos con fines educacionales, deportivos, culturales y de áreas verdes.
A El Ciudadano le fue imposible comunicarse con el Rector de la Universidad de Chile, señor Víctor Pérez, tras 48 horas de insistencia. En tanto, Zafiro Fleming, editora de medios de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad de Chile, respondió en nombre de la directora de su departamento –Paulina Contreras- que finalmente no tendrían tiempo para otorgar su versión ni hoy, ni en los próximos días.
Por Marianela González Gutiérrez
El Ciudadano
