Barrick Gold, titular del polémico proyecto Pascua Lama que ya ha destruido al menos tres glaciares antes de entrar en operaciones, solicitó financiamiento para sus faenas a las agencias Export-Import Bank del gobierno estadounidense (Ex-Im Bank) y Export Development Canada (EDC) del gobierno canadiense. Los procedimientos de debida diligencia aplicados en Chile para evaluar el crédito, han despertado desconfianza e indignación entre las comunidades que se oponen al emprendimiento.
En 2010 apareció la noticia de que Barrick Gold estaba solicitando un préstamo al Banco Ex Im de Estado Unidos, que administra fondos públicos, para llevar a cabo el proyecto Pascua Lama. Más de 20 organizaciones que se oponen a este emprendimiento enviaron una carta a la entidad dando cuenta de los enormes impactos asociados a la faena y describiendo también los estragos que la presencia de la minera ha generado en la alta cordillera de la región de Atacama, afectando al Valle del Huasco por el lado chileno, y a la provincia de San Juan, por el lado Argentino.
Ex-Im dio cuenta de haber recibido la misiva y manifestó “Apreciamos el aporte que nos ha proporcionado y agradeceremos cualquier información adicional sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto Pascua Lama”. Sin embargo, a más de un año de esta gestión y sin que haya mediado ningún nuevo intercambio entre la agencia y las comunidades, algunas personas del territorio que está siendo impactado fueron contactadas por Barrick para entrevistarse con una comisión evaluadora de este organismo y de su homólogo canadiense, para recabar informaciones sobre el modo de proceder de la empresa.
Algunos de los contactados se negaron a participar de la entrevista, otros tuvieron que ir a dependencias de la misma Barrick para las consultas, y otros levantaron la voz de alerta, evidenciando que los métodos eran al menos dudosos y pasaban a llevar las gestiones previas hechas por la comunidad.
Desde Chile, se tomó contacto con organizaciones de apoyo en Canadá y Estados Unidos, y se redactó una carta conjunta dando cuenta de cómo operan en la práctica los mecanismos que debieran garantizar el buen uso de los fondos de la ciudadanía de los países del norte.
En la carta, se lee “El propósito central de realizar actividades de debida diligencia en el terreno es de permitir que las instituciones financieras públicas evalúen la suficiencia y veracidad de la información entregada por el cliente respectivo. Para ser creíble, este proceso requiere de independencia de la empresa, pues es evidente que personas que están negativamente impactadas por una inversión pueden dudar en compartir información con las instituciones financieras si creen que estas carecen de neutralidad. Por eso sorprende que las agencias hayan pedido a la empresa Barrick que arreglara las entrevistas para el personal de Ex-Im Bank y EDC, y que además, como ocurrió en al menos dos casos, que la empresa estuviera presente mientras se desarrollaban las entrevistas. “
Así mismo, añaden: “Tanto EDC como Ex-Im Bank afirman que aplican los Estándares de Desempeño del Banco Mundial a sus clientes del sector privado. Sin embargo, el proceso deficiente de debida diligencia que el personal de EDC y Ex-Im Bank realizó recién en nuestros países no permitirá que estas agencias evalúen el cumplimiento de Barrick con aquellos estándares, particularmente con respecto a temas como el relacionamiento con las comunidades, el apoyo de las comunidades locales al proyecto y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Este modo de operar ahonda la sensación de vulnerabilidad de las comunidades y pone en riesgo la credibilidad de EDC y Ex-Im Bank.”
Las organizaciones firmantes de Chile, Argentina y Estados Unidos junto con denunciar la colusión entre los funcionarios públicos pertinentes y la empresa, señalan que no se oponen al proceso de debida diligencia, pero sí exigen que se realice con transparencia y probidad, respetando las garantías ciudadanas mínimas puestas en juego con este tipo de proyectos.
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