Familiares, amigos, amgas, parlamentarios y abogados de Derechos Humanos denuncian hoy a las 11 horas en los Tribunales de Justicia, ubicados en Compañía con Bandera, la lenta situación judicial, en que se encuentra el Recurso de Amparo presentado por el ex mirista Hugo Marchant Moya, en los Tribunales de Justicia.
Este recurso se presentó el día 2 de diciembre de 2011 y aún no se resuelve su situación legal. Marchant se encuentra en Buenos Aires a la espera de este pronunciamiento.
Entre las personas que se referirán a la situación de Marchant y al fin de las penas de extrañamiento (destierro) se encuentran; Alicia Lira, Presidenta de la AFEP (Asociación de Familiares de Ejecutados Poliíticos); Sergio Aguiló, diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos; Mireya García, vicepresidenta de la AFDD (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos); Silvia Aedo, esposa de Hugo Marchant; Alberto Espinoza y Alejandra Arriaza, abogados que llevan algunos casos de los desterrados durante el gobierno de Patricio Aylwin.
Denunciamos ante la comunidad Internacional que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Dobra Luksic, Lamberto Cisternas y Emilio Pffeiffer, rechazaron el recurso de amparo presentado en favor del ex militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Hugo Marchant Moya.
Después se presentó una apelación ante la Corte Suprema de Santiago. Esto ocurre pese a que existe un oficio judicial en el que el Ministro de Fuero, Joaquín Billard, de la Corte de Apelaciones, otorgó una autorización de 15 días a Marchant para ingresar al país, vigente desde el 1 de diciembre, por razones humanitarias. Seguimos esperando la resolución de la Corte Suprema.
Marchant estuvo retenido por la Policía de Investigaciones (PDI) los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en el aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, de Santiago, días en que trató de ingresar al país, y fue expulsado en ambas oportunidades con destino al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. A pesar de los dos intentos infructuosos, Marchant dice que “intentará nuevamente ingresar a su país”, porque “es demasiado que a más de 20 años de que la dictadura saliera del Ejecutivo, aún sean castigados quienes se enfrentaron a ella”.
Sabíamos que en un Gobierno de derecha no era el mejor escenario para plantear nuestras demandas, en el que el poder judicial pierde autonomía y responde a los gobiernos de turno.
Estamos en un contexto en donde a criminales de lesa humanidad se les rinde homenaje y además se ampara en Chile a Jueces como Otilio Romano, quien participó directamente en casos de violaciones de derechos humanos en Argentina.
Cabe señalar que Marchant Moya lleva 19 años cumpliendo una pena de extrañamiento (exilio, destierro), de un total de 25 años a los que fue condenado. Antes de eso, estuvo detenido nueve años en la desaparecida ex cárcel pública y fue acusado del atentado al ex intendente de Santiago durante la dictadura, el coronel Carol Urzúa, caso por el cual fue condenado a muerte por la dictadura y luego le fue conmutada esta pena por cadena perpetua y, finalmente, enviado al exilio por el primer gobierno concertacionista.
Su nombre figura en un grupo de 9 chilenos que aún tienen prohibido ingresar, de una treintena que fueron expulsados del país por luchar contra la Dictadura Militar de Augusto Pinochet y que cumplen estas penas en diferentes países de Europa. Se ha logrado probar que todos esos procesos se basaron en confesiones obtenidas en sesiones de torturas, para los efectos de condenarlos, lo cual consta en el informe Valech.
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