Las denuncias de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de la colusión de las tres cadenas de farmacias en 2008 y las empresas de buses este año, parece que no fueron suficientes. Ahora -bajo la mirada atenta del órgano fiscalizador- las tres principales empresas de la industria avícola, Agrosuper, Ariztía y Agrícola Don Pollo, fueron demandadas ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) por limitar y asignar cuotas de producción y controlar la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional durante los últimos 10 años.
En septiembre de 2010, la FNE, encabezada por Felipe Irarrázabal, dio comienzo a la investigación. En enero de este año, tras la autorización del TDLC y la Corte de Apelaciones, se obtuvo una orden allanamiento en algunas de las empresas requeridas que permitió la obtención de información clave, como declaraciones, testimonios, e-mails y visitas a plantas.
Según el informe de la FNE, desde 1995 la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA), elabora anualmente una proyección del consumo de pollo para el año siguiente con la información de precios y ventas existentes hasta la fecha, de tal manera que determinan las toneladas de pollo que se deben producir y vender en el mercado local.
La APA, mediante una Comisión de Evaluación integrada por tres personas y un secretario ejecutivo, proyecta distintos escenarios posibles del consumo de pollo para el año que viene, que varían de acuerdo a su demanda. Por su parte, los altos ejecutivos de las firmas, Carlos Guzmán Vial (Agrícola Agrosuper S.A.), Ismael Correa (Empresas Ariztía S.A.) y Ramón Covarrubias (Agrícola Don Pollo Limitada) -que concentran más del 92% de la producción nacional-, seleccionan una de las variables presentadas. Asimismo se reparten el porcentaje de producción del mercado interno de cada empresa: Agrosuper, el 61%, Ariztía, el 31% y Don Pollo, el 8%.
A partir de lo anterior, la FNE sostuvo lo siguiente: Las empresas “han infringido el artículo 3° del Decreto Ley N° 211 al celebrar y ejecutar un acuerdo entre competidores, consistente en limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado laboral, y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto”.
La denuncia recibida por el TDLC solicitó la máxima multa establecida en la legislación vigente, de 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) para cada firma y 20 mil UTA para la Asociación de Productores Avícolas de Chile, es decir, 27 y 18 millones de dólares, respectivamente. De manera adicional, se pidió la disolución de la APA por el “rol facilitador que ha cumplido”.
Si bien se aplicaron las multas más altas posibles, los beneficios obtenidos por las empresas con esta colusión superan con creces las cifras que deberán pagar si el TDLC confirma que hubo acuerdos ilícitos.
EL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS
Algunos antecedentes. Desde a mediados del año 2000 la producción de pollos ha crecido en 37,3 por ciento. Actualmente exporta el 26 por ciento de producción a más de 50 destinos. El comercio internacional representa el 41 por ciento del consumo del producto. Las importaciones superan el 15 por ciento del consumo nacional. En otras palabras, la carne de ave es uno de los productos más consumidos por gran parte de la población y sus precios hoy están siendo regulados en desmedro del bolsillo de los ciudadanos.
El economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, sostuvo que de ser cierta la acusación, “evidentemente los precios que están cobrando son más altos: El consumidor ha tenido que pagar un precio mucho más alto a lo largo de todo el tiempo de esta colusión. Si uno está pagando 3 mil pesos de pollo, seguramente, debiese haber estado pagando 2 mil 500 (…) Hay una tendencia natural de todo productor a reducir la competencia para beneficiarse a sí mismo”.
Un problema que el mismo sistema de libre mercado se encarga de propulsar. Según el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, Guillermo Ceroni, “los empresarios siempre van a querer sacar el máximo provecho de la ciudadanía y del país tratando de alcanzar el máximo de ganancias para ellos… ganancias inmorales e ilegítimas que no debieran darse en un mercado transparente”.
Consultado sobre la posibilidad de que se impulse en la Comisión de Economía una iniciativa legal que se encargue de sancionar efectivamente a los ejecutivos o miembros de una empresa que se aprovechen de las fallas de mercado, el diputado sostuvo: “En estos momentos no hay nada establecido. La legislación permite sancionar en caso de que se compruebe un verdadero fraude, pero hay que reforzar las leyes, incluso con sanciones personales a quienes estén detrás de situaciones como estas. Vamos a tratar este tema… queremos citar al Ministro y al Fiscal Nacional para mejorar y perfeccionar la legislación”… Pero…
¿QUÉ PASÓ CON LA COLUSIÓN DE FARMACIAS?
El capítulo de la polémica colusión entre farmacias se “cerró” el 2009 de manera sorpresiva: Farmacias Ahumada S.A. (Fasa) debió pagar una multa de un millón de dólares luego de que reconociera su responsabilidad ante el FNE en el aumento del valor de 222 medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo del año siguiente. Las otras dos farmacias implicadas, Cruz Verde y Salcobrand, continúan negando su responsabilidad. El juicio, encabezado por el TDLC, se resolverá -para ambas empresas-, a fines de este año.
En el juicio encabezado por el Ministerio Público, fueron formalizados en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones 17 ex ejecutivos de las grandes farmacias y laboratorios por adulteración fraudulenta de precios. Entre ellos, los gerentes generales de Cruz Verde, Miguel Celedón, Ricardo Valdivia y Cristian Catalán, pidieron el sobreseimiento definitivo de su proceso, pero la petición fue rechazada por la misma sala y el tribunal de alzada capitalino ordenó continuar con la indagatoria hasta llegar a juicio oral.
El secretario abogado del TDLC, Alejandro Domic aseguró que “el caso de la colusión de las farmacias es el más largo que hemos tenido y estamos elaborando el informe; estamos en la etapa de redacción de la sentencia… llevamos dos años y tanto más (…) pero durante el proceso no hay ningún pronunciamiento de fondo del Tribunal, no hay ninguna posibilidad de opinar. Solamente pueden expresar la decisión final en la sentencia”.
Ahora, respecto al caso de la colusión de las industrias avícolas, esto está recién comenzando. “Se inició en el tribunal la presentación de la denuncia de la Fiscalía (Nacional Económica) y los pasos que vienen ahora son: notificar a las empresas demandadas, esperar su contestación en un plazo hábil de 15 días para luego dar paso al período probatorio, en el que la Fiscalía y las empresas requeridas entregan sus antecedentes y luego el alegato oral, que concluye con una sentencia que puede aplicar sanciones como no”.
Con estas palabras el secretario abogado del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, Alejandro Domic, resume el largo camino que falta por recorrer para resolver el proceso. “Todo depende del grado de litigación, es decir, si las empresas dicen que son inocentes se van a dedicar todo el juicio a acreditar eso y no llegaremos a la etapa de redacción pasado bastante tiempo”. Es decir, tal como ha ocurrido con el caso de las farmacias.
Cabe señalar lo siguiente: el TDLC solo se refiere a sanciones de orden económico para las empresas coludidas, y por si fuera poco, por el lado de la investigación que lleva el Ministerio Público, encabezada por Luis Inostroza, no se ha logrado hasta ahora que este tipo de casos, a pesar de que existan testimonios y confesiones de los involucrados, se traten de igual manera que el resto de los delitos con pena de cárcel. De una u otra forma, las grandes empresas siguen estafando. En Chile se puede encarcelar a alguien por robar un chocolate en un supermercado, o una gallina en un corral, pero a quienes delinquen desde un escritorio con una corbata en el cuello, se dilata, o se puede llegar a la completa impunidad.
Por Esteban Acuña
El Ciudadano
