*Por: Arnaldo Pérez Guerra
El mediático fiscal Alejandro Peña -quien trabajara alguna vez en la Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu)- solicita la pena de “cadena perpetua simple” para los ex lautarinos Pablo Morales Fuhrimann y Rodolfo Retamales Leiva, a quienes insiste en acusar como “líderes” de una “asociación ilícita terrorista” que sólo existe en su febril mente, según han señalado abogados defensores y familiares de los imputados del llamado “caso bombas”.
Para los demás jóvenes imputados las penas solicitadas van desde los 541 días a los 20 años de prisión. Es un completo despropósito y una aberración sólo posible en esta suerte de fascismo judicial que estamos viviendo. Según el fiscal Alejandro Peña, los 14 jóvenes acusados, más el delincuente Gustavo Fuentes Aliaga, habrían “participado en la colocación” de algunas de las más de 200 bombas de ruido que, desde el año 2006, han estallado en Santiago de Chile. Se ha llegado al absurdo de acusarlos, incluso, como responsables del estallido de bombas de ruido colocadas mientras se encontraban en prisión preventiva.
Verónica Garín G., compañera del prisionero político Omar Hermosilla Marín comentó que aún los abogados defensores no han sido notificados de la presentación de pruebas, a pesar que han transcurrido casi ocho meses desde sus detenciones: “Esto es un montaje -señaló- con ribetes políticos por sobre los jurídicos. Algunos de los imputados tienen un pasado lautarino -ex militantes del MAPU-Lautaro- y por eso se los condena antes de cualquier juicio… Tengo las sospechas de que éstas penas tan altas las usen de canje para los condenados por violaciones a los derechos humanos… No tenemos idea de las pruebas que tienen en contra de nuestros familiares, ya que, según el expediente que conocemos, no hay pruebas reales que los inculpen…”. Hasta ahora, las supuestas pruebas presentadas han sido triviales conversaciones telefónicas, botellitas vacías de bebidas, literatura considerada anarquista o subversiva -que cualquiera puede adquirir en librerías-, listados de nombres escritos en hojas de cuadernos, etc., etc. Para todos los abogados consultados esto no sería suficiente para condenar a nadie, ni siquiera para mantenerlos en prisión. Pero ahí siguen encarcelados y aparentemente el gobierno y sus organismos se la jugarán por condenarlos a las penas del infierno.
En este caso, se ha invocado la Ley Antiterrorista -que fue aprobada por el dictador Augusto Pinochet en 1984-, diseñada para sancionar “los delitos que busquen infundir temor en la población”, y que hoy se aplica contra mapuche, anarquistas y ex prisioneros políticos. Muchos sectores y personalidades de nuestro país han denunciado este caso -y el de los mapuche- como “aberrantes montajes” -policiales, jurídicos, políticos y mediáticos- contra quienes no comulgan con el tipo de sociedad que defiende el Estado. Pero siguen imputándolos, en un show con “pruebas” que arrancan carcajadas en el tribunal y que dilatarán aún más la libertad de éstos inocentes. “Todo eso solo existe en la imaginación del fiscal Peña”, señala el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de uno de los imputados.
El año pasado, Informe Especial de TVN, presentó en un programa sobre los detenidos el 14 de Agosto “imágenes exclusivas”, que fueron presentadas con estridencia como “pruebas del terrorismo anarquista”. Pero en nuestro país no hay organizaciones terroristas, y las que hubo fueron organismos gubernamentales dedicados a asesinar y detener a opositores políticos y a subversivos: la DINA y la CNI. ¿Qué mostró TVN en su bullado reportaje? Jóvenes entrando y saliendo de casas okupas, que eran centros culturales -y no centros de poder como señala la Fiscalía- donde se arreglaban bicicletas, había bibliotecas, se exhibían videos y se hacían foros-conversatorios. Anarquistas, antiautoritarios y ex lautarinos son acusados y se pretende secarlos en la cárcel con pruebas absurdas y completamente amañadas por este “fascismo judicial”. Les aplican la Ley Antiterrorista porque así aumentan las penas y no tendrán derecho a un “debido proceso”, y podrán acusarles con testigos inducidos, protegidos y sin rostro. Los abogados defensores tienen una importante responsabilidad: ¿Estarán a la altura de las circunstancias? ¿Harán un buen trabajo o actuarán con desidia e irresponsabilidad como en más de alguna ocasión ya lo han hecho?
A mediados de febrero concluía el plazo de investigación y el fiscal Peña pidió, en marzo, una “reformalización de cargos” -algo completamente inédito pero que fue aceptado con obsecuencia-, dilatando el inicio del juicio oral, mientras la tónica ha sido mantener a los imputados en prisión preventiva durante meses y en condiciones carcelarias agobiantes. A los jóvenes del 14 de agosto se suman los del 30 de agosto: Los ex militantes del MAPU-Lautaro Alejandro Rodríguez Escobar y Patricio Gallardo Trujillo, acusados de “asaltantes”, también en un caso con testigos amañados. El juez de Garantía Julio Norambuena le ha otorgado dos veces la libertad de Alejandro Rodríguez Escobar, señalando que las pruebas en su contra no son suficientes y, además, serían ilegales, pero la Corte de Apelaciones de Santiago ha revocado lo actuado por este juez, manteniéndolo en prisión preventiva desde hace más de 7 meses.
El 25 de marzo, el Octavo Juzgado de Garantía ordenó el cierre del proceso de los jóvenes del 14 de agosto, tras 5 años y meses de investigación. A juicio de los abogados defensores, la Fiscalía no tiene ninguna prueba concluyente -salvo los supuestos dichos de “testigos protegidos”-. Pero según el Fiscal Alejandro Peña, él presentará 794 testigos, 221 peritos y 6.744 evidencias materiales, documentos e informes periciales. Dijo a la prensa: “Espero que la numerosa evidencia y prueba directa que se ha podido recopilar en la etapa investigativa rinda frutos” en el juicio oral. “La fiscalía estima -añadió- que esta asociación ilícita de carácter terrorista, en forma pericial al menos, ha procedido a la colocación de alrededor de 30 artefactos explosivos en la Región Metropolitana, desde el año 2006 a la fecha”. Según declaraciones del abogado defensor Héctor Salazar -quien defiende al joven imputado Francisco Del Solar-, “ya se conoció a uno de los cinco testigos protegidos del caso, quien es un delincuente internacional, un cubano, que no solamente lo pusieron al lado de mi representado en la cárcel de alta seguridad, sino que ha quedado demostrado en los juicios donde ha sido condenado y las conductas que ha tenido, que es un tipo que se vende, que está dispuesto a decir cualquier cosa para obtener un beneficio”.
Recientemente los mapuches acusados de dirigir o haber dirigido la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) fueron condenados a penas altísimas gracias a los “testigos protegidos” que presentó el Ministerio Público, y que fueron aceptados a pesar de que supuestamente no se les aplicó finalmente la Ley Antiterrorista a los mapuches del juicio de Cañete. ¿Ocurrirá en este caso lo mismo? ¿Se condenará a inocentes incluso violando la ley, las recomendaciones y convenciones internacionales firmadas por Chile?
Este es el fascismo judicial que se nos viene.
(*) Historiador y Periodista. Ex prisionero político.
