Por Arnaldo Pérez Guerra
Alejandro Ernesto Rodríguez Escobar es mi hermano. No recuerdo ya cuando lo adopté. No se si fue cuando él estaba prisionero en la ex Penitenciaría por allá por los años ‘90, o cuando conocí a sus padres que venían de Coquimbo a visitarlo a él y a su hermano Álvaro, ambos encarcelados por razones políticas… ¿O sería cuando lo volví a ver en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), casi una década después? …No sé si fue cuando tomábamos mate o cuando lo vi enamorado… O cuando salió en libertad con beneficios y se enfrentó a todas las penas y discriminaciones que yo viví… No lo sé, pero es mi hermano y eso es lo que me importa.
Hoy está preso. Y lo acusan de “asaltante”… De robar y manejar un vehículo que se utilizó en un asalto a un camión de Prosegur, hace más de un año. Algo completamente absurdo. Me consta que no está involucrado, pues ese día él estaba trabajando en un local de la tienda Max Hüber, donde cumplía horario y marcaba tarjeta. Además, nunca ha manejado un vehículo motorizado… Algo de tan fácil comprobación, y que merecería la completa y total libertad, simplemente no ha sido aún ponderado por la “Justicia”. ¡¿Qué mierda esperan!?
¿Por qué lo acusan? Porque Alejandro es pobre y nunca ha negado su pasado -como otros-. Porque no se ha domesticado como quieren quienes detentan el poder… Lo acusan porque pensaron que estaría solo, que nadie lo defendería, que nadie lo apoyaría, que era fácil implicarlo en cualquier “montaje”. Alejandro es completamente inocente, y si no hubiese permanecido once años en prisión por ser militante del Mapu-Lautaro, hoy estaría libre. No hay ninguna prueba en su contra. Es su pasado y el poder del pinochetismo quienes lo condenan antes de cualquier “juicio”… Un pasado de lucha, de dejarlo todo… y que significó persecución, amenazas, privaciones, torturas, prisión y muerte… Un pasado que implicó largas condenas por parte de las Fiscalías Militares, por Ley Antiterrorista y otras legislaciones ad hoc… y prisión en una cárcel construida especialmente para aniquilar a la subversión no por Pinochet sino por la Concertación, por el poder de turno que le lamió las botas al dictador y sus esbirros, hoy sentados en sillones del Congreso, en ministerios y directorios de grandes corporaciones…
Desde el 30 de agosto, Alejandro Rodríguez Escobar permanece en prisión en la cárcel de Santiago Uno. La prensa lo intenta vincular al “caso bombas”. La Fiscalía lo acusa en un “montaje” tan feble que ya dos veces el Juzgado de Garantía lo ha dejado en libertad. Pero dos veces, también, la Fiscalía ha apelado de dichas resoluciones a la Corte de Apelaciones, y ésta, finalmente, lo ha dejado en “prisión preventiva, mientras dure la investigación”.
¡Qué fácil resulta acusar a alguien! La Fiscalía no se da la molestia de investigar en un plazo razonable. ¿Acaso van a indemnizarlo cuando salga en libertad, libre de todo? ¿Quién pagará los días en prisión, el que no haya podido seguir trabajando, los abrazos que nos dejó de dar?
Con el perdón de quien pueda ofenderse, fiscalías y policías siguen plagadas de vergonzantes mal nacidos que inventan pruebas, que acusan a quienes saben inocentes. Sólo quieren venganza y encarcelar a quienes no se doblegan a sus antojos.
No es primera vez que se acusa falsamente a ex prisioneros políticos. Ni primera vez que se acusa a inocentes.
Visité a Alejandro en la cárcel Santiago Uno, y debí soportar las humillaciones que Gendarmería se solaza en practicar con las visitas -la mayoría mujeres, ancianas y niños-, que intentan ver un par de horas, o sólo minutos, a sus familiares y amigos… Interminables filas, alimentos prohibidos, ropas que no pueden ingresar, y un largo etcétera… Un reglamento tan absurdo como ilegal. ¿Quién hace algo por mejorar estas condiciones? Nadie. A nadie le importa… Gendarmes extremadamente jóvenes disfrutan desnudando a ancianas y mujeres, humillándolas por tener a parientes delincuentes o presos, castigándolos doblemente o más, golpeándolos y allanándolos hasta lo indecible… Disfrutan del poder que detentan, de la violencia que ejercen, disfrutan del odio y el dolor. ¿Esa es la sociedad que quieren construir nuestras autoridades? ¿Ese es el futuro que quieren entregarles a sus hijos? Si algún preso reclama o alza su voz, lo castigan inmediatamente durante un mes, sin derecho a visita ni a encomiendas… Es una “cárcel modelo”, como el sistema: concesionada. No dejan ingresar frutas ni verduras, ni comida preparada, ni legumbres, ni hierbas medicinales, ni casi nada… porque precisamente al interior de la cárcel, venden a los presos de todo, obviamente más caro: Es un negocio. Un vil negocio. Mientras más presos hay, más ganan los empresarios de prisiones… Más trabajo hay para funcionarios carceleros, gendarmes y civiles… Y más y más corrupción. Porque no es un misterio que teléfonos celulares, drogas y alcohol campean al interior de cualquier cárcel.
Sorprendida y decepcionada se encuentra la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza Donoso, quien defiende a Alejandro. Sorprendida pues, a pesar de lo supuestamente garantista del nuevo sistema, ocurren barbaridades como ésta… Y se mantiene a personas inocentes encarceladas. Decepcionada pues, a pesar de la legislación y el principio de inocencia se alargan desmesuradamente las investigaciones, o se presentan “pruebas” que sacan carcajadas en cualquier tribunal. “Si Alejandro no tuviese antecedentes políticos hoy estaría en libertad”, explica la abogada.
“Fui detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la comuna de Ñuñoa, cuando me dirigía hacia mi lugar de trabajo, por una orden emanada de la Fiscalía de Las Condes, acusado, supe después, de asaltar un camión de Prosegur… Me golpearon y fui esposado y conducido en un vehículo hasta mi domicilio, donde los efectivos efectuaron un amplio allanamiento… Nunca se me dijo el motivo ni se me mostró orden alguna ni de detención ni de allanamiento. Posteriormente, me trasladaron hasta un cuartel de la PDI en Las Condes… Allí pasadas las 16:30 horas del 30 de agosto, efectuaron ‘una rueda de reconocimiento’ con dos testigos del asalto en que me acusan haber participado. Me pusieron en la fila y fui reconocido. ¡Y cómo no!, si los otros en la fila eran personal de la PDI que llevaba a cabo la supuesta investigación. Por esta razón, tanto testigos como policías se conocían de antemano, cosa insólita e inaudita. Además, el asalto se había cometido un año antes… Yo no contaba con ningún abogado como lo estipula la ley para estos casos. Todo fue viciado, como lo señaló el juez Jorge Norambuena”, dice Alejandro Rodríguez, desde la cárcel de Santiago Uno.
¿Hasta cuándo seguirán los montajes?
Desde el 30 de agosto, Alejandro Rodríguez Escobar permanece en prisión en la cárcel de Santiago Uno. La prensa lo intenta vincular al “caso bombas”. La Fiscalía lo acusa en un “montaje” tan feble que ya dos veces el Juzgado de Garantía lo ha dejado en libertad. Pero dos veces, también, la Fiscalía ha apelado de dichas resoluciones a la Corte de Apelaciones, y ésta, finalmente, lo ha dejado en “prisión preventiva, mientras dure la investigación”.
¡Qué fácil resulta acusar a alguien! La Fiscalía no se da la molestia de investigar en un plazo razonable. ¿Acaso van a indemnizarlo cuando salga en libertad, libre de todo? ¿Quién pagará los días en prisión, el que no haya podido seguir trabajando, los abrazos que nos dejó de dar?
Con el perdón de quien pueda ofenderse, fiscalías y policías siguen plagadas de vergonzantes mal nacidos que inventan pruebas, que acusan a quienes saben inocentes. Sólo quieren venganza y encarcelar a quienes no se doblegan a sus antojos.
No es primera vez que se acusa falsamente a ex prisioneros políticos. Ni primera vez que se acusa a inocentes.
Visité a Alejandro en la cárcel Santiago Uno, y debí soportar las humillaciones que Gendarmería se solaza en practicar con las visitas -la mayoría mujeres, ancianas y niños-, que intentan ver un par de horas, o sólo minutos, a sus familiares y amigos… Interminables filas, alimentos prohibidos, ropas que no pueden ingresar, y un largo etcétera… Un reglamento tan absurdo como ilegal. ¿Quién hace algo por mejorar estas condiciones? Nadie. A nadie le importa… Gendarmes extremadamente jóvenes disfrutan desnudando a ancianas y mujeres, humillándolas por tener a parientes delincuentes o presos, castigándolos doblemente o más, golpeándolos y allanándolos hasta lo indecible… Disfrutan del poder que detentan, de la violencia que ejercen, disfrutan del odio y el dolor. ¿Esa es la sociedad que quieren construir nuestras autoridades? ¿Ese es el futuro que quieren entregarles a sus hijos? Si algún preso reclama o alza su voz, lo castigan inmediatamente durante un mes, sin derecho a visita ni a encomiendas… Es una “cárcel modelo”, como el sistema: concesionada. No dejan ingresar frutas ni verduras, ni comida preparada, ni legumbres, ni hierbas medicinales, ni casi nada… porque precisamente al interior de la cárcel, venden a los presos de todo, obviamente más caro: Es un negocio. Un vil negocio. Mientras más presos hay, más ganan los empresarios de prisiones… Más trabajo hay para funcionarios carceleros, gendarmes y civiles… Y más y más corrupción. Porque no es un misterio que teléfonos celulares, drogas y alcohol campean al interior de cualquier cárcel.
Sorprendida y decepcionada se encuentra la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza Donoso, quien defiende a Alejandro. Sorprendida pues, a pesar de lo supuestamente garantista del nuevo sistema, ocurren barbaridades como ésta… Y se mantiene a personas inocentes encarceladas. Decepcionada pues, a pesar de la legislación y el principio de inocencia se alargan desmesuradamente las investigaciones, o se presentan “pruebas” que sacan carcajadas en cualquier tribunal. “Si Alejandro no tuviese antecedentes políticos hoy estaría en libertad”, explica la abogada.
“Fui detenido por personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en la comuna de Ñuñoa, cuando me dirigía hacia mi lugar de trabajo, por una orden emanada de la Fiscalía de Las Condes, acusado, supe después, de asaltar un camión de Prosegur… Me golpearon y fui esposado y conducido en un vehículo hasta mi domicilio, donde los efectivos efectuaron un amplio allanamiento… Nunca se me dijo el motivo ni se me mostró orden alguna ni de detención ni de allanamiento. Posteriormente, me trasladaron hasta un cuartel de la PDI en Las Condes… Allí pasadas las 16:30 horas del 30 de agosto, efectuaron ‘una rueda de reconocimiento’ con dos testigos del asalto en que me acusan haber participado. Me pusieron en la fila y fui reconocido. ¡Y cómo no!, si los otros en la fila eran personal de la PDI que llevaba a cabo la supuesta investigación. Por esta razón, tanto testigos como policías se conocían de antemano, cosa insólita e inaudita. Además, el asalto se había cometido un año antes… Yo no contaba con ningún abogado como lo estipula la ley para estos casos. Todo fue viciado, como lo señaló el juez Jorge Norambuena”, dice Alejandro Rodríguez, desde la cárcel de Santiago Uno.
¿Hasta cuándo seguirán los montajes?
