Miembros de la directiva de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), representada por Alicia Lira Matus, se tomaron las dependencias del Programa de Derechos Humanos, en el Ministerio del Interior a las 10 de la mañana de hoy, en protesta por los más de 6 meses que llevan en espera de una respuesta a sus demandas.La Agrupación de Ejecutados Políticos contactó desde mayo del presente año al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y hasta la fecha, no había conseguido avances en su causa.
Amparados en la ley, una activista de la Afep recordó que el Instituto de Derechos Humanos facultó al Ministerio del Interior por medio del Programa de Derechos Humanos, a hacerse parte en los juicios por la ejecución de disidentes políticos durante la dictadura (1973-1990).
Amparados en la ley, una activista de la Afep recordó que el Instituto de Derechos Humanos facultó al Ministerio del Interior por medio del Programa de Derechos Humanos, a hacerse parte en los juicios por la ejecución de disidentes políticos durante la dictadura (1973-1990).
Tras dos horas de toma, la organización logró ser recibida para conseguir una respuesta al por qué el Programa del Ministerio luego de más de seis meses del acuerdo “no presenta querellas por ejecutados políticos, siendo que estaba tratado por ley”, dicen.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, conversó con los demandantes e informó que su Subsecretaría envió entre cinco y seis querellas correspondientes a 11 casos de víctimas de la dictadura, entre las 70 pendientes.
Por otro lado, las activistas de derechos humanos señalan que “tal como diputados y senadores se hicieron partícipes y respaldaron la presentación de querellas en el caso de Jaime Tohá, aún esperamos que lo hagan por los 1.174 casos y nuestras peticiones que están tratadas por ley”, inquirieron desde la Afep.
Por David Abrigo B.
El Ciudadano
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, conversó con los demandantes e informó que su Subsecretaría envió entre cinco y seis querellas correspondientes a 11 casos de víctimas de la dictadura, entre las 70 pendientes.
Por otro lado, las activistas de derechos humanos señalan que “tal como diputados y senadores se hicieron partícipes y respaldaron la presentación de querellas en el caso de Jaime Tohá, aún esperamos que lo hagan por los 1.174 casos y nuestras peticiones que están tratadas por ley”, inquirieron desde la Afep.
Por David Abrigo B.
El Ciudadano