El día sábado 14 fueron allanadas una serie de viviendas en Santiago y Valparaíso, en un violento y espectacular operativo que terminó con 14 jóvenes detenidos. A estas personas se les acusa de integrar una asociación “ilícita” de carácter terrorista y se los responsabiliza de una serie de atentados con bombas ocurridos en los últimos años.
En torno a este hecho asombra el rol que están desempeñando algunos medios de prensa y televisión, tanto en la “preparación” del golpe represivo, como luego en la justificación de los allanamientos y detenciones y el apoyo a las tesis de los fiscales acusadores. Da la impresión que estos medios ya han determinado la total culpabilidad de los arrestados y la plena veracidad de los argumentos del ministerio público, concluyendo tácitamente que los jueces solo deben condenar a los imputados a las máximas penas posibles. Tal impresión se ratifica al observar como brindan escasa o nula cobertura a los argumentos de la defensa de los jóvenes. Peor aún, el diario La Tercera en su edición del domingo 15 de agosto publicó un artículo en uno de cuyos párrafos daba a entender que los abogados defensores compartían las tesis de la fiscalía, en abierta contradicción con lo que manifestaron en la misma audiencia.
Por si no bastara lo anterior, medios alternativos han denunciado discriminación y dificultades crecientes a sus reporteros para acceder a fuentes noticiosas, lo que en el caso de la formalización a los supuestos “terroristas” se tradujo en impedirles ingresar al edificio de los tribunales. La persona que oficiaba de “encargado de prensa” del recinto solo permitió el paso a periodistas en su mayoría empleados de los principales canales de televisión y del duopolio ElMercurio-Copesa.
Sin duda se puede discrepar de las posiciones políticas de los detenidos. Pero no se puede observar impávido una campaña mediática que en los hechos puede afectar gravemente el legítimo derecho de los imputados a un juicio justo e imparcial y su derecho a defensa. El bombardeo mediático no solo va dirigido a convencer a la opinión pública, sino también a presionar a los jueces para que los condenen sin ponderar correctamente los argumentos de la defensa.
Es cierto que con anterioridad y en casos parecidos, los tribunales han terminado por exculpar a los imputados pese a la campaña mediática que los condenaba. No hace mucho el país asistió con asombro al caso de un joven de nacionalidad pakistaní acusado de tener “trazas” de explosivos en sus ropas y posibles vinculaciones con la organización Al Qaeda, el cual se encuentra ahora en libertad provisional.
Sin embargo, en el caso de los okupas prácticamente todo el poder establecido presiona para “secarlos” en la cárcel, desde el Presidente de la República, su ministro del Interior, la fiscalía, políticos y medios de comunicación. Y claramente a ninguno de ellos, especialmente al derechista Piñera, les agradaría ser desautorizados y terminar en el ridículo. Por eso presionan sin pudor.
La verdad, la justicia y los derechos humanos parecen importar poco en el Chile actual.
Santiago, 18 de Agosto de 2010
Por si no bastara lo anterior, medios alternativos han denunciado discriminación y dificultades crecientes a sus reporteros para acceder a fuentes noticiosas, lo que en el caso de la formalización a los supuestos “terroristas” se tradujo en impedirles ingresar al edificio de los tribunales. La persona que oficiaba de “encargado de prensa” del recinto solo permitió el paso a periodistas en su mayoría empleados de los principales canales de televisión y del duopolio ElMercurio-Copesa.
Sin duda se puede discrepar de las posiciones políticas de los detenidos. Pero no se puede observar impávido una campaña mediática que en los hechos puede afectar gravemente el legítimo derecho de los imputados a un juicio justo e imparcial y su derecho a defensa. El bombardeo mediático no solo va dirigido a convencer a la opinión pública, sino también a presionar a los jueces para que los condenen sin ponderar correctamente los argumentos de la defensa.
Es cierto que con anterioridad y en casos parecidos, los tribunales han terminado por exculpar a los imputados pese a la campaña mediática que los condenaba. No hace mucho el país asistió con asombro al caso de un joven de nacionalidad pakistaní acusado de tener “trazas” de explosivos en sus ropas y posibles vinculaciones con la organización Al Qaeda, el cual se encuentra ahora en libertad provisional.
Sin embargo, en el caso de los okupas prácticamente todo el poder establecido presiona para “secarlos” en la cárcel, desde el Presidente de la República, su ministro del Interior, la fiscalía, políticos y medios de comunicación. Y claramente a ninguno de ellos, especialmente al derechista Piñera, les agradaría ser desautorizados y terminar en el ridículo. Por eso presionan sin pudor.
La verdad, la justicia y los derechos humanos parecen importar poco en el Chile actual.
Santiago, 18 de Agosto de 2010
