El 4 de septiembre de 1989, hace treinta y siete años, fue asesinado en Santiago Jécar Neghme Cristi, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y una de las figuras más destacadas de la izquierda revolucionaria chilena de los últimos años de la dictadura. Su asesinato, ejecutado cuando el régimen de Augusto Pinochet atravesaba sus últimos meses formales, debe ser recordado como lo que fue: un acto de terrorismo de Estado y uno de los últimos asesinatos políticos de la dictadura. Neghme había participado activamente en la reconstrucción de una intervención política pública del MIR y denunciaba precisamente los límites de una transición pactada que preservaba instituciones, mandos, aparatos de inteligencia y estructuras represivas heredadas del régimen militar. Su muerte no fue, por tanto, un episodio marginal de una violencia que se extinguía, sino una expresión brutal del poder que continuaba operando mientras se preparaba el traspaso institucional hacia el gobierno civil.
Conmemorar a Jécar Neghme exige, además, rechazar la cómoda periodización según la cual el terrorismo estatal habría concluido simplemente con la entrega de la banda presidencial a Patricio Aylwin en marzo de 1990. Los asesinatos selectivos, la persecución política y la acción de organismos policiales y de inteligencia continuaron durante la llamada transición, golpeando especialmente a organizaciones y militantes de la izquierda revolucionaria. Cambiaron las formas institucionales y la conducción política del Estado, pero una parte sustancial de sus dispositivos coercitivos sobrevivió y fue utilizada bajo las nuevas autoridades. Desde esta perspectiva, el asesinato de Neghme se encuentra en la frontera histórica entre dos momentos profundamente conectados: cierra la larga nómina de crímenes políticos de la dictadura y anticipa la violencia estatal que acompañaría los primeros años de la transición. Recordarlo no constituye solamente un ejercicio de memoria: significa interrogar la continuidad histórica del Estado burgués, sus aparatos represivos y una impunidad que permitió que el terror político sobreviviera al régimen que lo había institucionalizado.
