En marzo de 1925, los trabajadores ferroviarios, organizados por la Federación Obrera de Chile (FOCH), iniciaron negociaciones en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Al no obtener respuestas favorables, comenzaron diversas formas de protesta que desembocaron en una huelga general.
En abril, los obreros del salitre se sumaron al movimiento entre los días 7 y 12, planteando sus propias demandas. Sin embargo, la huelga finalizó con negociaciones separadas entre los gremios, que resultaron en escasos avances para los trabajadores.
En un ambiente social cada vez más tenso, los obreros regresaron a sus faenas mineras con evidente descontento. La conflictividad aumentó en las semanas siguientes: el 28 de mayo, la oficina salitrera San Pablo se declaró en huelga; el 31 de mayo, 33 dirigentes de la FOCH fueron deportados al sur del país desde Pisagua, a bordo del vapor Mapocho; el 2 de junio, autoridades policiales clausuraron y allanaron el periódico El Despertar de los Trabajadores, en Iquique.
El 3 de junio, la FOCH convocó a una huelga general de 24 horas, lo que generó enfrentamientos en el Cantón de San Antonio. En el pueblo del mismo nombre, los choques entre obreros y fuerzas policiales dejaron como saldo la muerte de dos carabineros. Al día siguiente, 4 de junio, los obreros ocuparon las oficinas Galicia y La Coruña, extendiendo la huelga y tomando el control de numerosas oficinas salitreras.
Ante la magnitud de la protesta, el gobierno de Arturo Alessandri Palma decretó el estado de sitio en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, nombrando al general Florentino de la Guarda como jefe militar de la zona. Se enviaron refuerzos navales a los puertos de Iquique, Pisagua y Mejillones, a bordo de los buques de guerra Zenteno, O’Higgins, Lynch, Riquelme y Williams Rebolledo.
El intendente de Tarapacá, Recaredo Amengual, ordenó el envío inmediato de tropas de infantería del regimiento Carampangue y de caballería del Granaderos, junto con marinos, para sofocar la insurrección obrera. A su vez, el coronel Acacio Rodríguez solicitó el apoyo del grupo de artillería General Salvo, cuyas baterías bombardearon las instalaciones de la oficina La Coruña. El ataque generó un gran incendio que destruyó viviendas, talleres, almacenes y bodegas. En medio del caos, hombres, mujeres y niños intentaron huir por la pampa mientras eran perseguidos y atacados por la infantería y la caballería.
Una vez tomada la oficina La Coruña, los trabajadores que no lograron escapar fueron encarcelados y torturados. La represión se extendió a otras oficinas salitreras que habían adherido al paro. Unos 600 obreros fueron capturados y trasladados al velódromo de Iquique.
La masacre de La Coruña fue la segunda mayor matanza de trabajadores en la historia de Chile, después de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Se estima que cerca de 2.000 personas fueron asesinadas, entre ellas mujeres y niños, aunque las autoridades de la época reconocieron oficialmente solo 59 muertos.
