Las declaraciones de un testigo
protegido de la Fiscalía de Chile, que confesó haber perpetrado
atentados y otros actos criminales a fin de inculpar a dirigentes
mapuches de los mismos mientras trabajaba como agente encubierto de los
Carabineros, ha desatado polémica en el país, informaron el jueves
medios locales.
Fuente hispantv.com
Juan Queipul Millanao y Luis Marileo Cariqueo, dos comuneros
mapuches acusados -bajo la ley antiterrorista- de un asalto en 2009 a un
peaje de la carretera en la Región de La Araucanía (sur) pese a que en
el momento de su detención eran menores de edad, fueron absueltos
gracias a las sorpresivas declaraciones de Raúl Castro Antipán, el
agente encubierto de los Carabineros.
Castro detalló que, desde febrero de 2009, estuvo vinculado a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Temuco (Dipolcar) que le había ofrecido actuar como informante de las actividades del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco (MAC) con el propósito de infiltrarse en las comunidades que están en resistencia en el conflicto por ocupación de tierra.
En esta condición, cometió atentados incendiarios y otros actos calificados por la fiscalía como terroristas, según confesó durante la presentación de pruebas contra los dos imputados en el segundo día del juicio donde actuaba como testigo protegido que declaraba contra los dos jóvenes mapuches.
Tras hacerse pública la confesión, las reacciones no se hicieron esperar. El abogado defensor indicó que “esto excede las responsabilidades de los mandos intermedios de Carabineros y es obvio que operaciones de este tipo deben haber estado digitadas o permitidas por instancias más altas incluso de tipo político”.
Asimismo, el periodista Pedro Cayuqueo, denunció las irregularidades que existen en los procesos contra mapuches en el sur, así como la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, exigió una investigación para aclarar los hechos que, a su juicio, son “extremadamente graves por cuanto pone en tela de juicio toda la acción del Ministerio Público y de las fuerzas policiales.
Esta confesión corrobora lo que por años el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, han denunciado sobre el uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.
Los mapuches, etnia indígena con mayor población en Chile que reside en el sur del país y en el suroeste de Argentina, reclama desde hace más de 10 años la restitución de tierras ancestrales, que a su llegada los colonizadores españoles les arrebataron y actualmente son ocupadas por empresas privadas.
mib/ncl/nal
Castro detalló que, desde febrero de 2009, estuvo vinculado a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Temuco (Dipolcar) que le había ofrecido actuar como informante de las actividades del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco (MAC) con el propósito de infiltrarse en las comunidades que están en resistencia en el conflicto por ocupación de tierra.
En esta condición, cometió atentados incendiarios y otros actos calificados por la fiscalía como terroristas, según confesó durante la presentación de pruebas contra los dos imputados en el segundo día del juicio donde actuaba como testigo protegido que declaraba contra los dos jóvenes mapuches.
Tras hacerse pública la confesión, las reacciones no se hicieron esperar. El abogado defensor indicó que “esto excede las responsabilidades de los mandos intermedios de Carabineros y es obvio que operaciones de este tipo deben haber estado digitadas o permitidas por instancias más altas incluso de tipo político”.
Asimismo, el periodista Pedro Cayuqueo, denunció las irregularidades que existen en los procesos contra mapuches en el sur, así como la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, exigió una investigación para aclarar los hechos que, a su juicio, son “extremadamente graves por cuanto pone en tela de juicio toda la acción del Ministerio Público y de las fuerzas policiales.
Esta confesión corrobora lo que por años el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, han denunciado sobre el uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.
Los mapuches, etnia indígena con mayor población en Chile que reside en el sur del país y en el suroeste de Argentina, reclama desde hace más de 10 años la restitución de tierras ancestrales, que a su llegada los colonizadores españoles les arrebataron y actualmente son ocupadas por empresas privadas.
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