Andrés Figueroa Cornejo
1. Que el gabinete
presentado el 24 de enero por la hace poco electa primera mandataria por un 25
% de la población habilitada para sufragar en Chile, Michelle Bachelet, en
general, sólo confirma el mantenimiento de la administración de un Estado clave
en la organización geoeconómica, política y simbólica del imperialismo
norteamericano para Latinoamérica.
Los nombramientos de los
titulares de cartera –una anécdota en la orientación estratégica del
ultraliberalismo de manual que gobierna al territorio más austral del planeta
desde la segunda parte de los 70 de siglo XX- fueron primero promovidos y luego
aplaudidos por el empresariado y los representantes políticos de la derecha
tradicional aún en La Moneda.
No es preciso detenerse
mucho para conocer, por ejemplo, la función que cumplirá el nuevo ministro de
Educación (¿y eventual candidato presidencial para el 2018?), Nicolás
Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda del ex presidente y luego funcionario de la
ONU por decisión estadounidense, Ricardo Lagos Escobar. Eyzaguirre fue
designado por esos mismos poderes como asesor y consultor del Fondo Monetario
Internacional (FMI, una de las fábricas mundiales de la deuda para volver más
dependientes a las economías ya dependientes) en plena tiranía pinochetista
asediada por el movimiento popular. 12 años después, bajo los gobiernos
civiles, fue premiado con el cargo de Director Ejecutivo del Departamento para
el Hemisferio Occidental del FMI. Asimismo fue parte del directorio del canal
13 de televisión abierta de propiedad del grupo Lucsik y uno de los medios
entrañables de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica en Chile.
En la misma administración
de Lagos Escobar, Eyzaguirre, ante las demandas estudiantiles por la crisis
financiera del sistema de enseñanza superior, creó una forma de crédito
universitario para beneficio de la banca privada –no existe una pública en
Chile- con aval del Estado. Es decir, Eyzaguirre es uno de los funcionarios que
gatilló el histórico movimiento estudiantil contra el lucro en la enseñanza. Al
conocerse su nombramiento, el presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Santiago no dudó en afirmar que “Su historia lo condena”.
La mayoría de las
individualidades que completan el Ejecutivo de Bachelet tiene vínculos de
parentesco o jugaron roles determinantes en materias energéticas y mineras con
destrucción ambiental –humanidad y naturaleza- durante los últimos años. Ello resulta
absolutamente coherente con el lugar de la economía chilena en la organización internacional del capitalismo.
El país de Salvador Allende hoy se sostiene sobre la exportación primaria de
commodities ligados al extractivismo minero y maderero (celulosa); es
plataforma financiera transnacionalizada; y por el retailer (tiendas
comerciales y supermercados que obran también como financieras) en plena
expansión transfronteriza. Es decir, capital financiero concentrado que ordena
la realización del saqueo de recursos naturales, la industria de la deuda y la
especulación, la seguridad social privatizada y en crisis, y la desregulación
absoluta de la explotación del trabajo asalariado. La desigualdad meridiana de los ingresos es
sólo una manifestación de las contradicciones sociales producidas por uno de
los más audaces procesos de acumulación y reproducción del capital en el
planeta.
Claudia Pascual es la
primera dirigenta del PCCh en acceder a un ministerio en más de 40 años, efecto
de la incorporación de esa tienda al compuesto liderado por Bachelet. Se trata
de la cartera, en teoría, destacada a enfrentar las formas más excluyentes de
una sociedad patriarcal. Pascual tiene los méritos para encarar con rigor y
seriedad esa y otras tareas. Sin embargo, los ministerios no operan como
estancos autónomos de la dirección ejecutiva estratégica de un gobierno
condicionado por los dictados imperialistas. La administración del Estado
antipopular chileno funciona como una totalidad de alta unidad de sentido. Y
ello sobrepasa las capacidades e intenciones de las personas en particular.
Claudia Pascual es antropóloga y lo sabe perfectamente.
2. Que el fallo de la Corte
de la Haya, como ya se ha señalado en textos previos, ‘favorecerá’ al Estado
peruano. Pero los Estados de Chile y Perú son eslabones necesarios para el
sometimiento de América Latina a los intereses norteamericanos. De hecho, Perú
y Chile no sólo sostienen fluidos acuerdos comerciales y financieros, sino que
constituyen la Alianza del Pacífico, tratado de libre comercio impuesto por el
imperialismo Usamericano, tanto para descalcificar el Mercosur, el Unasur y
cualquier intento de acuerdo comercial sobre fundamentos simétricos entre los
países de América Latina y el Caribe en la lucha de Venezuela y Cuba por dar
pasos contundentes hacia el fin de la dependencia político-económica; como para
intentar ralentizar la expansión china en los mercados del continente
suramericano.
La llamada ‘política de las
dos cuerdas separadas’ entre los Estados de Perú y Chile para referirse al
mantenimiento de una actuación paralela entre los diferendos fronterizos y las
relaciones económicas, es una expresión abstracta salida del diccionario
diplomático y no de la realidad. La realidad corresponde a los acuerdos
comerciales, la tutela norteamericana y la Alianza del Pacífico. Por eso, más
allá de gestos mediáticos y declaraciones ambiguas, los dos Estados supeditarán
el fallo favorable a Perú a sus relaciones comerciales.
De todas maneras, más allá
de las puestas en escena por arriba, por abajo, organizaciones sociales y
personas han ofrecido significativas muestras de hermandad entre los pueblos,
aislando el relato y la conducta patriotera y belicosa de grupos abiertamente
fascistoides de ambos países.
3. Que mientras la lucha de
los trabajadores portuarios remece enero de 2014 y cobra la solidaridad activa
de sus pares en Europa y EEUU a través de la disposición a boicotear el arribo
de naves provenientes de puertos chilenos que no han logrado su paralización,
el gobierno y el empresariado debieron llamar a una mesa de negociación, hasta
ahora, ‘mesa de negación’ a las demandas laborales por parte del empresariado. En
la madrugada del 25 de enero, el gobierno y los portuarios alcanzaron un pre
acuerdo que debe ser refrendado por las corporaciones. Hasta hace muy poco los
trabajadores negociaban sus demandas sin desmovilizarse, mientras el Estado
empresarial decía negociar, pero sin dejar de reprimir violentamente el
movimiento.
La huelga portuaria ha afectado
las fibras sensibles de un capitalismo exportador. De ello y de su voluntad
insobornable y organización radicalmente democrática dimanan sus fueros. Como
se ha mencionado antes, la batalla de los portuarios, más allá de los pesos, ha
encarnado un capítulo ejemplar de la resistencia de los trabajadores contra el
subcontratismo y la tercerización, tendencia actualmente predominante en las
relaciones capitalistas para extraer un mayor excedente de la explotación
humana y de la expoliación de recursos naturales. Al interior del país, los
portuarios han recibido la solidaridad de otros sectores del sindicalismo en
lucha, estudiantiles y Mapuche. Y la población, en general, aprueba el combate
sensiblemente, pero de manera inorgánica.
Quedan pendientes entonces y
por ahora, la firma empresarial al pre acuerdo, la evaluación crítica del
comportamiento obsecuente de la dirección de la Central Unitaria de
Trabajadores y sus consecuencias políticas en el campo del trabajo organizado,
y las potencias del pueblo trabajador para refundar un sindicalismo de lucha,
independiente de los intereses estatales y del capital.
