Amy Goodman
El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el "Día de la
Carta de Derechos", y destacó que las diez primeras enmiendas a la
Constitución de Estados Unidos son “la base de la libertad
estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde
la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la
manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia
en virtud de la ley”, afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de
Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de
Obama de “casi orwellianas” en un fallo que determinó que la
recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de
estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA,
por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si
eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el
Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre
Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que
fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46
recomendaciones de cambios.
Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology
Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: “He expresado
públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este
grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al
Presidente para decirle ‘un panel de revisión tecnológica debe estar
integrado por personas con pericia tecnológica’. Lamentablemente, mi
comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este
panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que
forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del
gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente
independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada
directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto
es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita
de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería
estar siendo supervisada en forma independiente”.
El ex subdirector de la CIA, Michael
Morrell, preside el panel, que depende de la Oficina del Director de
Inteligencia Nacional, dirigida por James Clapper. Es de público
conocimiento que Clapper mintió en una audiencia del Senado sobre este
tema. Cuando el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, le preguntó si
la NSA recopiló los registros telefónicos de
millones o de cientos de millones de estadounidenses, Clapper respondió:
“No espiamos a nadie, salvo para fines legítimos de inteligencia
extranjera y siempre trabajamos dentro del marco legal. Ahora, es verdad
que en ocasiones hemos cometido errores, algunos graves, pero ellos se
deben generalmente a errores humanos o problemas técnicos. Y cuando
detectamos errores, los hemos informado y corregido”. Tras las
filtraciones de Snowden, Clapper reconoció a NBC News que su respuesta fue la forma “menos mentirosa” de decir “no”.
El fallo del juez Leon está relacionado con tan solo uno de varios
casos presentados después de las filtraciones realizadas por el ex
contratista de la NSA Edward Snowden en el mes
de junio, acerca del amplio sistema de vigilancia mundial que recopila
los datos personales de millones de personas. Otra demanda iniciada en
Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU)
contra Clapper, pretende terminar en forma definitiva con la vigilancia
masiva y que se eliminen todos los datos recopilados hasta el momento.
Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU,
dijo que Edward Snowden es un “patriota”, y destacó: “Al haber
denunciado la actividad ilegal del Gobierno, que fue aprobada y
mantenida en secreto durante años por los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, Snowden asumió un enorme riesgo personal en favor del bien
público. Él solo reabrió el debate mundial acerca del alcance y la
naturaleza de la vigilancia del Gobierno en relación con nuestros
derechos fundamentales como individuos”.
El secretario de prensa de Obama, Jay Carney, reiteró esta semana la
postura inflexible de la Casa Blanca con respecto a la acusación contra
Snowden: “No ha habido un cambio de postura. Ha sido acusado de filtrar
información clasificada. Afronta cargos de haber cometido delitos aquí.
Debería ser enviado de regreso a Estados Unidos, donde será sometido al
debido proceso, con las protecciones correspondientes en virtud de
nuestro sistema de justicia, de las que esperamos que haga uso. Y
obviamente estamos presionando a Rusia y a otros países con respecto a
este tema”.
Tras medio año de vivir en Rusia, donde se le otorgó asilo temporal
por un año, Edward Snowden escribió una carta pública esta semana a la
población de Brasil, con la esperanza de obtener asilo permanente allí.
En la carta, Snowden escribió: “Hace seis meses salí de las sombras de
la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para
pararme delante de la cámara de un periodista…con los ojos abiertos,
sabiendo que la decisión me costaría mi familia, mi hogar y pondría mi
vida en peligro. Me motivó la creencia de que los ciudadanos del mundo
merecen entender el sistema en el que viven”. Y añade: “Mi mayor temor
era que nadie escuchara mi advertencia. Nunca estuve tan contento de
haberme equivocado tanto”, afirmó.
El mundo sigue escuchando a Edward Snowden. Como también dice en la
carta abierta: “La cultura de la vigilancia mundial indiscriminada,
expuesta a debates públicos y a investigaciones reales en cada
continente, se está desmoronando”. Una encuesta reciente sugiere que al
menos un 55% de las personas consultadas considera que Snowden es una
persona que reveló informaciones importantes. A pesar de las encuestas,
la presentadora de noticias de CNN Brooke
Baldwin preguntó acerca de la posibilidad de otorgarle amnistía a
Snowden: “La última pregunta: si Edward Snowden regresara aquí, y mucha
gente está en desacuerdo con eso, pero si regresara aquí y se le
otorgara amnistía, ¿qué vendría a hacer aquí? Porque realmente mucha
gente lo odia”.
Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la Carta de Derechos incluye las
primeras diez enmiendas a la Constitución. Al elogiarla y referirse a
“nuestros derechos fundamentales”, el Presidente Obama no mencionó la
Cuarta Enmienda, que dice:
“El derecho de los habitantes de que ellos, sus domicilios,
documentos o efectos no se sometan a inspecciones e incautaciones
arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes
judiciales a menos que se basen en una causa probable o juramento y, en
particular, que describan el lugar que deba ser inspeccionado y las
personas o cosas objeto de detención o incautación”.
Quizá el Presidente Obama, que fue profesor de derecho constitucional, debería volver a leer esa enmienda.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2013 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero
internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y
televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del
libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos
extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique
Cono Sur.
