Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
La Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declaró inconstitucional en mayo esta pena a menores, pero 29 estados todavía lo establecen por ley.
Cristian Fernández se enfrentó una posible condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años.
Librado
al final de esta posibilidad, a cambio de una condena hasta 2018,
Cristian escapó de unirse a un selecto grupo, el de los niños
sentenciados a morir en una prisión norteamericana. En la
actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo
cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500
menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
Una polémica que se reabre después de que la
Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este
año que la cadena perpetua a menores era inconstitucional. Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A
pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas
condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con
cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que
cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores
atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer
una condena que implique pasar toda la vida en prisión”.
El
alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de dos menores de
14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia sentó
jurisprudencia. “Espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas
sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes”, sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja para sus defendidos.
EEUU dificulta la imposición de estas penas, pero no las prohíbe
Los magistrados del Supremo dejaban claro que “la posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja”, aunque no imposible,
al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser
sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad
de los condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto.
Dejaba
sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que sean juzgados
como un mayor de edad, como es la situación de Cristian Fernández.
Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus
reticencias a la decisión. "No hay nada en nuestra Constitución que autorice a esta Corte a cambiar esta decisión", aseguraba el juez Thomas.
La
facción más conservadora formada por su presidente, John Roberts, y los
jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso
rotundamente a la medida, argumentando que “las decisiones
sobre las sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos
tienen que ser tomadas por los legisladores y no por los tribunales”.
29 estados no diferencian entre homicidas adultos y menores
Y es que en 29
estados norteamericanos, la ley todavía establece la cadena perpetua
para el homicidio, con independencia de si el crimen ha sido cometido
por un menor. Los Estados tienen libertad para determinar su
duración máxima, la mínima es de 10 años, aunque la mayoría todavía
recoge la pena de por vida, sin libertad condicional, siendo el único
país del mundo en aplicar esta severa pena contra los menores, según
Amnistía Internacional.
Varios tratados internacionales prohíben
precisamente la imposición de estas condenas, como el artículo 37 de la
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por
todos los países salvo EEUU y Somalía. Por otro lado, la Convención Internacional de Derechos Civiles de 1966 fue firmada por EEUU a cambio de incluir una excepción a la prohibición para condenar a menores en “circunstancias excepcionales”.
Los menores con cadena perpetua se ha multiplicado por seis desde 1966
Entonces
había 400 menores en esa situación, ahora son más de 2.500 los niños
que podrían pasar el resto de su vida tras las rejas. Una situación que
parece no tener fin, a pesar de las sentencias del Supremo
norteamericano. De hecho, el Departamento de Justicia de
EEUU reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido
asesinatos en los últimos dos años.
Cristian Fernández
podría convertirse en unos meses en uno de esos menores que crezcan y
envejezcan en prisión. La acusación de la Fiscalía para juzgarlo como un
adulto por la gravedad de su crimen fue aceptada por el juez. De
nada sirvió una iniciativa popular que recogió más de 190.000 firmas en
todo el país para que sea juzgado como lo que es, un menor.
La
fiscalía se opone a esta petición, que permitiría que Fernández quedase
libre con 21 años. “Tenemos que proteger a la sociedad de este
individuo. Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy
triste, pero es la única medida legal que tenemos para asegurar la
seguridad de los ciudadanos”, aseguraban los responsables de la acusación contra el menor.
