Para velar por los derechos humanos hay que creer en ellos.
El Gobierno ha nombrado a
Sebastián Donoso como asesor del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El abogado UC, investigador de la Fundación Jaime Guzmán, ex asesor de Asuntos
Indígenas del actual gobierno, y defensor de Antofagasta Minerals, reemplazará
a María Luisa Sepúlveda (ex Comité Pro-Paz y Vicaría de la Solidaridad).
Donoso es incorporado al INDH en
su calidad de experto en temas indígenas. Nos parece que es necesario
cuestionar este nombramiento, dada su trayectoria y sus opiniones sobre los
derechos indígenas –en particular respecto a los instrumentos internacionales-
que hoy tiene como deber ayudar a promover y resguardar.
Antes de ser asesor presidencial,
Donoso fue uno de los más acérrimos críticos del Convenio 169 de la OIT,
planteando que se trataba de un instrumento que no era aplicable a la realidad
de nuestro país, que su aprobación era una “adopción irracional de
instrumentos” que podría ser más bien un obstáculo. Ha sido crítico de los
conceptos y principios fundamentales de la doctrina internacional de derechos
indígenas, planteando que es “ideologizada”.
En definitiva, Donoso no cree que
existan pueblos con derechos colectivos, siendo los fundamentales el del
territorio y la autonomía[1]. Derechamente
ha planteado que la implementación del Convenio ha de ser “conservadora”. Más
crítico aún es de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU, que el Estado de Chile también suscribe.
Donoso fue asesor presidencial de
asuntos indígenas durante el primer año del gobierno de Piñera, cuando los
fondos de restitución de tierras se redujeron a 1/3 de lo usado el año anterior
(el año 2009 se destinaron 33 mil millones de pesos, el 2010 menos de 10 mil
millones, el 2011 se recuperó el ritmo hasta casi llegar a 40 mil millones).
Por otra parte llevó adelante procedimientos para la aplicación del Convenio
169 que el Relator ONU de Derechos de los Pueblos Indígenas ha calificado como
totalmente inadecuados e insuficientes. Salió del cargo luego de sus polémicas
declaraciones respecto a que las consultas indígenas no tenían la facultad de dirigir
las políticas públicas del gobierno.
El Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) es el organismo público encargado de velar porque el Estado de
Chile respete los derechos humanos. En el caso de los derechos indígenas, estos
están recogidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU. No vemos cómo una persona que no cree en estos
instrumentos –y al respecto las opiniones y acciones de Donoso son de público
conocimiento- podrá velar adecuadamente porque el Estado de Chile los promueva
y respete. Para defender los derechos indígenas en primer lugar es fundamental
creer en ellos.
Carlos Bresciani SJ, Superior Misión Mapuche
Jesuita.
Juan Fuenzalida SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Germán Méndez SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Luis García-Huidobro SJ, Misión Mapuche Jesuita.
Juan Ignacio Latorre. Director del Centro de
Reflexión y Acción Social (CREAS), Universidad Alberto Hurtado.
Natacha Romero, Cientista Político, CREAS,
Universidad Alberto Hurtado.
Esteban Valenzuela, Director del Departamento de
Ciencias Políticas y RRII, Universidad Alberto Hurtado.
José Marimán, Departamento de Ciencias Políticas y
RRII, Universidad Alberto Hurtado.
Juan Carlos Skewes. Director del Departamento de
Antropología, Universidad Alberto Hurtado.
Sebastián Kaufmann, Departamento de Filosofía,
Universidad Alberto Hurtado.
José Ignacio Nuñez, Profesor Facultad de Derecho,
Universidad Alberto Hurtado.
Pablo Castro SJ, Superior Comunidad Jesuita de
Concepción.
[1]
Ver artículos de Donoso: “Chile y el Convenio 169 de la OIT: reflexiones sobre un desencuentro” (2008) y “Convenio 169
de la OIT: Implicancias de una ratificación” (2009).