Por Luis Mesina – Secretario General de la Confederación de Bancaria
El
golpe militar de septiembre de 1973 se dio en un contexto muy
particular para el país. Las instituciones tradicionales del Estado se
hallaban en una profunda crisis; los partidos de la época habían
convertido el Congreso en un campo de batalla; el poder judicial
diariamente intervenía para cuestionar las acciones que el gobierno
llevaba a cabo y, el Ejecutivo, con Allende a la cabeza, era objeto de
presiones, tanto al interior de su coalición como fuera de ella,
especialmente por sectores que reclamaban apurar el tranco de las
transformaciones sociales, un sector de los socialistas; como de
aquellos que llamaban a pactar con la burguesía, los comunistas.
En
ese marco de agudas tensiones, los trabajadores alcanzaron niveles de
organización superior. Nacieron los "cordones industriales", quizá la
forma más desarrollada de participación y de democracia obrera que se
conozca en América Latina. Allí, se decidían las acciones que los
trabajadores emprenderían en su lucha por avanzar hacia una sociedad sin
clases. Se resolvían las tomas de fábricas, el carácter de las
empresas, los ritmos de producción y quienes las administrarían; en
fin, los cordones industriales se convirtieron en organismos de “doble
poder” en esa época y su rol cuestionaba al propio gobierno y a los
partidos, siendo sus mayores adversarios la CUT y el Partido Comunista,
que eran contrarios al "avanzar sin tranzar".
La
lucha de clases a 1973 había alcanzado su mayor expresión y
agudización, no había campo de la sociedad donde ésta no se expresara:
en la educación, en las fábricas, en las poblaciones, en el campo, etc.
El camino se había trazado, las cartas estaban echadas: o triunfaba la
revolución social o triunfaba la contrarrevolución.
La
expresión más contundente de la lucha de clases, era que los
empresarios, o sea la burguesía, perdían diariamente el control y el
poder sobre los medios de producción y de cambio; eran cientos de
fábricas, predios agrícolas y bancos que pasaban a formar parte de la
propiedad social y eso, no estaban dispuestos a aceptarlo.
El
Golpe de Estado fue la expresión más clara del triunfo de un sector
social contra otro. Fue la violencia desatada por los dueños del capital
contra los trabajadores. Había que poner fin al peligro que implicaba
que en Chile se instalara una “república socialista”, sin explotados y
sin burgueses. Para ello, se recurrió a todos los medios, especialmente
al apoyo del gobierno de EE.UU, incluido Nixon y Kissinger.
El ataque a los trabajadores
Si los trabajadores habían logrado formas superiores de organización y habían mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, tanto económicas como laborales -aunque dicho sea de paso, aun faltaba mucho-, la gran tarea que se puso de inmediato la dictadura, fue acabar con toda la organización y avance de la clase obrera. Se proscribieron los sindicatos y la Central Obrera, se fusilaron decenas de sindicalistas y los cordones industriales se desmantelaron con la más brutal represión. Miles de dirigentes fueron encarcelados y otros tantos desaparecidos. Había que destruir económica, organizacional, política y por sobre todo, moralmente a la clase obrera, de manera tal, que nunca más intentara alzarse sobre los intereses de la burguesía.
Si los trabajadores habían logrado formas superiores de organización y habían mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, tanto económicas como laborales -aunque dicho sea de paso, aun faltaba mucho-, la gran tarea que se puso de inmediato la dictadura, fue acabar con toda la organización y avance de la clase obrera. Se proscribieron los sindicatos y la Central Obrera, se fusilaron decenas de sindicalistas y los cordones industriales se desmantelaron con la más brutal represión. Miles de dirigentes fueron encarcelados y otros tantos desaparecidos. Había que destruir económica, organizacional, política y por sobre todo, moralmente a la clase obrera, de manera tal, que nunca más intentara alzarse sobre los intereses de la burguesía.
Debía
quedar claro, que los dueños del país, los que “dan trabajo”, los que
generan la riqueza, no son los trabajadores, al contrario, son ellos:
los empresarios.
Y
se dieron a esa tarea: cambiar estructuralmente las relaciones
jurídicas entre trabajadores y empresarios, ello, determinaría las
relaciones sociales y económicas entre ambos actores de la sociedad. El
Golpe de Estado, no fue un golpe como señalan algunos, porque en Chile
existía el "anarquismo social”, el desorden, el desgobierno. Fue un
golpe a la clase obrera, pues ésta ponía en peligro sus intereses por
primera vez en los casi 200 años de "República".
Entres
las tareas más trascendentes para aniquilar la fuerza de los
trabajadores y romper la memoria histórica estaba transformar la
realidad, había que convertir en negativo lo que para los trabajadores
había sido positivo. Se instaló una Constitución espuria. Se eliminó el
Código del Trabajo y en su reemplazo se dictaron tres decretos leyes que
regulaban: el contrato de trabajo, la sindicalización y la negociación
colectiva. Todos ellos, bajo la concepción civilista del derecho. Es
decir, arrancaban un principio de la esencia del derecho laboral que es
su rol tutelar, protector y, dejaban las relaciones laborales sujetas a
la suerte de las negociaciones individuales del trabajador con el
empleador. Por mucho tiempo estuvo prohibida la negociación colectiva,
con lo que se produjo un deterioro considerable de los ingresos y
derechos laborales.
Sin
embargo no todo estaba dicho. Uno de los cerebros del ataque a la clase
obrera fue José Piñera Echeñique, quien en 1981 a través del D.L. 3.500
acabó con el sistema de Seguridad Social que los trabajadores chilenos
tenían a ese época, un sistema con muchas imperfecciones, pero que
permitía entregar pensiones dignas y que cubría eficientemente la salud,
las pensiones y los accidentes laborales derivados de las relaciones de
producción. En su reemplazo se instalaron, sin ningún debate
instituciones con fines de lucro, las AFP, que se han convertido en la
más grande estafa para millones de asalariados, pues garantizan
pensiones miserables al fin de la vida activa de los trabajadores, y las
ISAPRES que han hecho de la salud uno de los mejores negocios para los
dueños del capital.
Si
miramos retrospectivamente estos 40 años, nos daremos cuenta que Chile
ha perdido mucho, en especial sus trabajadores. Hemos perdido derechos
esenciales como el derecho a la salud, a la previsión, a la vivienda
digna, en fin, una serie de derechos que estaban consagrados como
fundamentales, hoy no lo están. Hemos quedado al arbitrio de la
prepotencia patronal, sin que el Estado y sus instituciones resguarden o
garanticen el ejercicio de derechos básicos.
Después de la dictadura
Bajo los cuatro gobiernos de la Concertación, al comienzo se intentaron dar pasos en la perspectiva de recuperar derechos, sin embargo a dos años del gobierno de Aylwin, el Democristiano y presidente de la CUT, Manuel Bustos, llegaba a un acuerdo con el máximo representante de la clase patronal de la época, Manuel Feliu y, sin ningún debate con los trabajadores suscribían un “Acuerdo Marco” cuyo reconocimiento mereció los elogios de la Iglesia y de todos los partidos políticos, incluido el PC. En él se hipotecaba la independencia política de los trabajadores y se comprometía la CUT a no “hacer olitas” a cuidar la “democracia” no haciendo huelgas, ni movilizaciones, es decir, garantizar el orden institucional emanado de la dictadura.
Bajo los cuatro gobiernos de la Concertación, al comienzo se intentaron dar pasos en la perspectiva de recuperar derechos, sin embargo a dos años del gobierno de Aylwin, el Democristiano y presidente de la CUT, Manuel Bustos, llegaba a un acuerdo con el máximo representante de la clase patronal de la época, Manuel Feliu y, sin ningún debate con los trabajadores suscribían un “Acuerdo Marco” cuyo reconocimiento mereció los elogios de la Iglesia y de todos los partidos políticos, incluido el PC. En él se hipotecaba la independencia política de los trabajadores y se comprometía la CUT a no “hacer olitas” a cuidar la “democracia” no haciendo huelgas, ni movilizaciones, es decir, garantizar el orden institucional emanado de la dictadura.
A
cambio ¿qué ganamos los trabajadores? Prácticamente nada, muy por el
contrario. A partir de la década de los 90, los empresarios arremetieron
en todos los campos, logrando mayores niveles de flexibilidad y
desregulación en las relaciones laborales y acabaron con las pocas
normas que quedaban del anterior plan laboral de la dictadura.
Responsablemente,
podemos sostener que la capitulación de la mayor parte de los partidos
autodenominados de “izquierda”, como el PS y el PC durante estos 20
años, los hace responsables de la situación de desprotección en que se
hallan actualmente los trabajadores. Ha sido bajo los gobiernos de la
Concertación que se legalizó la subcontratación permitiendo consagrar
como lícita una práctica que precariza el empleo. Ha sido en estos
últimos años que la negociación colectiva, lejos de aumentar, comenzó
una fuerte caída, al punto que hoy menos del 7% de los trabajadores
negocia colectivamente y las tasas de sindicalización disminuyen
considerablemente.
La recomposición del movimiento sindical y los trabajadores
El desafío para los trabajadores después de 40 años es confiar en su propia fuerza, sin ninguna confianza con las instituciones tradicionales del Estado. Con mayor unidad, con mejor organización, con el ejemplo reciente de los trabajadores portuarios podremos avanzar hacia formas superiores de lucha que resitúen al trabajo por sobre el capital y restituyan al verdadero sujeto de las transformaciones: el trabajador, todos sus derechos, desterrando la hegemonía del capital, cuyo único fin ha sido y será destruir la integridad física y moral de la mayoría de los chilenos, especialmente la de aquellos que viven de un salario.
El desafío para los trabajadores después de 40 años es confiar en su propia fuerza, sin ninguna confianza con las instituciones tradicionales del Estado. Con mayor unidad, con mejor organización, con el ejemplo reciente de los trabajadores portuarios podremos avanzar hacia formas superiores de lucha que resitúen al trabajo por sobre el capital y restituyan al verdadero sujeto de las transformaciones: el trabajador, todos sus derechos, desterrando la hegemonía del capital, cuyo único fin ha sido y será destruir la integridad física y moral de la mayoría de los chilenos, especialmente la de aquellos que viven de un salario.
Son
múltiples los esfuerzos que hacen pequeños sindicatos, colectivos de
trabajadores, coordinadoras laborales, etc., buscando potenciar sus
organizaciones. A pesar de lo complejo que significa enfrentar el
entramado institucional que el sistema ha creado para negar el ejercicio
de derechos a los trabajadores, son cientos los ejemplos de cómo los
trabajadores logran zafarse de las amarras y avanzan tras sus derechos.
Los portuarios, los forestales, los trabajadores subcontratistas, los
del comercio de alimentos, los del retail, los del sistema financiero,
en fin, en casi todas partes, los trabajadores luchan defendiéndose del
capital.
Falta
aún: los intentos de la burocracia sindical por pactar con el
empresariado migajas y pequeñas transformaciones a la legislación no son
más que una señal, significa que nada podremos conseguir si no es con
nuestra propia fuerza, y ello exige, mayor unidad, deponer los
sectarismos y colocar de relieve la lucha por reconstituir al trabajador
como único sujeto de derechos, lo cual será posible bajo una forma
diferente de Estado, que por supuesto no cambiará solo porque lo
pidamos. Habrá que avanzar para transformarlo estructuralmente en
beneficio de las mayorías.
Como
rezaba el eslogan de la Primera Internacional: “La emancipación de los
trabajadores será obra de ellos mismos o no lo será.”
Fuente POLITIKA
©2013
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