14-05-2013.- Con 13 votos a favor (de la derecha y uno de la
Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones, el Senado de Chile aprobó
el 11 de mayo el Convenio UPOV 91
que impedirá a los campesinos
guardar la semilla y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y
garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y
transgénicas en el país. El senador Eugenio Tuma (Araucanía, PPD) se
unió a los sepultureros de la agricultura campesina, que aportaron
nichos marca UDI y RN, mientras Ximena Rincón (Maule) y Jorge Pizarro
(Coquimbo), ambos del PDC junto a José Antonio Gómez (Antofagasta, PR),
Alejandro Navarro (BioBio, MAS), y Jaime Quintana (Araucanía, PPD)
rechazaron decididamente la iniciativa.
Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos
chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio.
Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre
Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual
se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley,
el país firmó la versión anterior de este convenio, cuyos términos eran
menos lesivos para la agricultura.
La protección a la que se refiere
el convenio es el pago de una suerte de patente, el llamado “derecho de
obtentor”, por la compra de semilla campesina registrada por las
trasnacionales semilleras luego de ser manipulada genéticamente.
La votación tuvo lugar en medio de
un ambiente callejero de rechazo generalizado a la aprobación del
proyecto Hidroaysén que puso en relieve el carácter depredador del
modelo chileno de negocios y “desarrollo”, ahora refrendado por esta
nueva decisión legislativa. El Senado y el gobierno de Chile marcan
inequívocamente su postura de alianza con las transnacionales y de
entrega del patrimonio del país.
Indignación campesina e indígena
La Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas y Terram, invitadas a expresar su opinión ante el
Senado, habían mostrado ante la Comisión de Agricultura su repudio a
esta iniciativa. El año 2010 en la Cámara de Diputados, Anamuri,
Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysen, RAPAL, la
Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, OLCA, y diversas
organizaciones regionales y locales ya habían expuesto su rechazo a este
convenio y al proyecto de ley de obtentores. Por su parte, el mismo día
de esta votación, la Red legislativa Indígena y de Políticas Públicas
exigió en carta dirigida al Presidente del Senado Guido Girardi, ser
escuchada, dado que se omitió la consulta a los pueblos indígenas
estipulada en el Convenio 169. La agrupación cree que “esta es la
usurpación que quedaba.
Ya nos quitaron la tierra, el
agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales…El
Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización
cuando las comunidades protestan”. Entre otras organizaciones la red
incluye a la Corporación Aymara Jach-a Marka Aru, a la comunidad
huilliche Pepiukelen, y a representantes del pueblo RapaNui, del consejo
Nacional Aymara, la alianza Territorial Mapuche, a Lakutun (Región
Metropolitana), a Trawun Mapuche-huilliche de Pargua y a comunidades de
Tirúa sur. Los indígenas también recordaron que “el UPOV 91 ha sido
resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han
advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos
intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y
protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota
continua viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
Violación de un derecho humano
La selección, mejoramiento e
intercambio de semilla –trafkintu en mapudungun- es un derecho humano de
los agricultores y pueblos indígenas del mundo, reconocido incluso en
el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO y reivindicado por Vía
Campesina y por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo. De esta manera, las mujeres campesinas e
indígenas y las comunidades campesinas son las verdaderas gestoras de la
diversidad y riqueza genética que usurpan las cororaciones semilleras,
ahora con la venia del Senado de Chile.
La Alianza por una Mejor Calidad de
vida ha denunciado que este convenio privatiza la comercialización, la
importación y exportación de la semilla. Sostiene Alicia Muñoz,
dirigente de ANAMURI: “El agricultor deberá comprar todos los años su
semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y
plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o
estén accesibles en Chile. Puede darse incluso el caso de que por
razones comerciales se impida el ingreso de una determinada variedad en
Chile. Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes
y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son
las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la
sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay
biodiversidad.”
Los amigos de Monsanto
La iniciativa resistida por todas
las organizaciones campesinas con base social, será remitida al
presidente Piñera para su promulgación, según el boletín de prensa del
Senado. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero
(Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán
Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y
Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José
García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de
Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el
PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo
de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins),
junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés
Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Los defensores del proyecto
aludieron a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Japón y
la Unión Europea argumentando que Chile estaba obligado a firmar el
convenio citado. El senador Alejandro Navarro, criticó estos Tratados y
agregó que países claves en agricultura en América del Sur como Brasil y
Argentina, se han adherido sólo a UPOV '78 y no al '91. Asimismo, hizo
ver que las implicancias de este convenio debieron haber sido difundidas
hacia la comunidad.
Por su parte, el senador Jaime
Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que
"afectará a los productores agrícolas nacionales". También criticó la
ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su
juicio, "para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la
ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos
este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta".
El senador Eugenio Tuma puso una
nota de humor al informar a sus colegas que él conoce a campesinos que
salieron de la pobreza por construir invernaderos y pagar semillas de
calidad. Sin embargo no entregó estadística alguna en respaldo de su
anécdota.
UPOV y lobby empresarial
La Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, es una organización
propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y
respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros
años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están
las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la
semilla transgénica- Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Las ventas de
semillas y plaguicidas les reportan enormes ganancias a costa de la
destrucción de la agricultura campesina, remplazada por la agroindustria
y los monocultivos de semillas transgénicas. El precio de los
alimentos, según FAO, se encuentra actualmente en los niveles más altos
de la historia.
El Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) ha sido
modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. En Chile el exitoso
lobby empresarial para que Chile, firmante de UPOV 78, adhiriese a UPOV
91 fue encabezado por Monsanto a través de ChileBio con el apoyo de
ANPROS (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de
exportación) y del Diario Financiero, virtual vocero del negocio de
exportación de semilla transgénica. El gobierno y senado chileno
finalmente se rindieron a la presión adicional del Presidente Obama,
cercano a Monsanto, quien traía en su agenda de visita a Chile, el tema
del respeto a la propiedad intelectual.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
Verdadahora.cl *Publicada originalmente el 11 de mayo del 2013
Extraído de http://redprisma.org
