DECLARACIÓN PÚBLICA
El lunes 16 de
julio, durante el feriado largo, el Seremi de Vivienda, Rodrigo Saavedra, ha
comunicado públicamente que el número de familias catastradas por el gobierno
en población Aurora de Chile es de 540. De este número, anuncia la erradicación
de 250 familias. El MOP, por su parte, declara que los terrenos de la población
son fiscales y que no pretende compensar la pérdida de sus viviendas a los
vecinos del sector. Todo esto a consecuencia de la decisión del gobierno, a
través de los ministerios, de realizar las obras del viaducto Chacabuco,
adjudicadas al consorcio COPASA. El gobierno ha definido un plazo para terminar
con la ejecución de todos los proyectos que comprende la construcción del
puente y sus accesos, que implican la realización de obras viales a través de
esta población, y que son el argumento oficial para erradicar a los habitantes
que construyeron la población hace casi un siglo. Este plazo de ejecución de los
proyectos viales actualmente se acorta a 500 días, lo que significa que pende sobre
las familias de Aurora de Chile la amenaza de erradicación forzada, a
contratiempo de toda posible y real participación de la comunidad afectada.
Ante los
anuncios de una pronta erradicación de 250 familias de población Aurora de
Chile, Red Construyamos declara que:
1.
Consideramos
a la vecindad histórica como los legítimos dueños de los terrenos de la
costanera norte del río Bio Bio, conocidos como población Aurora de Chile. La
población Aurora de Chile se conformó hace aproximadamente 80 años atrás, a
partir de la ocupación de terrenos por gente trabajadora, muchas emigradas
desde el campo, en una época en que la sociedad no gozaba con adecuadas
políticas sociales. Los pobladores se asentaron en terrenos que en su tiempo no
interesaron al Estado ni a particular alguno, pues eran bordes de río inhabitables
e inundables; lo que les implicó hacer las obras de relleno y compactación del
suelo durante generaciones para poder construir sus casas. Durante décadas y
con su participación, avanzaron en la urbanización del sector, lo que les
permitió tener calles y numeraciones, así como servicios regulares de agua,
alcantarillado y luz. Ello ha facilitado, además, la instalación de industrias y
comercio.
2.
No nos parecen serias las declaraciones del gobierno
en cuanto a que existiría ayuda estatal para las 250 familias. Hacemos notar que tales ayudas no están
determinadas y que se realizan a contratiempo de la expulsión de las familias,
lo que implica que se tomará medidas sin garantizar su protección, sin
vivienda segura o con soluciones injustas, que le alejarán a la periferia
urbana, generando más precariedad social, bajo el argumento gubernamental de
que no son propietarios del suelo sobre el que construyeron sus hogares hace
casi un siglo. De esta manera, la acción del gobierno retrotrae las condiciones
de las familias de Aurora de Chile a los momentos mismos del poblamiento del
sector.
3.
Las medidas del gobierno en esta materia han
estado lejos de responder a las necesidades generales de la comunidad, según las
que declara ser movido. Es evidente el
interés de sectores inmobiliarios privados que, en contubernio con las
autoridades políticas, pretenden obtener provecho lucrativo de estas acciones,
a expensas del despojo de la población. La erradicación de 250 familias es
para nosotros la señal de que existen intenciones de despoblar el sector de las
familias que lo construyeron. El
antecedente que lo demuestra es la construcción del “mall” ubicado en el sector,
cerca del puente Llacolén, donde el Estado erradicó a 100 familias bajo el
argumento de proyectar obras de interés público, como el manoseado Teatro
Pencopolitano. Sin embargo, lo que se construye finalmente es un centro
comercial. A ello ahora le sigue la expulsión potencial de 500 familias. Por
otra parte y vistas estas condiciones, le solicitamos al gobierno que dé cuenta
pública de los planes que tiene para los habitantes del barrio y de cuáles
serán las condiciones en que quedarán las restantes 300 familias, una vez que
se vean reducidos, despojados de su comunidad y sobre un suelo que se les niega.
4.
Por todo lo anterior, más el hecho de que la
población ha sufrido una serie de engaños desde la administración Van
Rysserlberghe, nuestra opinión es que esta
medida debe ser suspendida por causas éticas y sociales, para realizar un
nuevo y responsable tratamiento de los cambios urbanos en el sector, junto a sus
legítimos habitantes y sus organizaciones naturales, de manera de conseguir un
desarrollo armónico de la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de un
crecimiento urbano sustentable para todos.
RED CONSTRUYAMOS
