A
propósito de la implementación de una base militar en el Fuerte Aguayo
de Concón, supuestamente para entrenamiento de operaciones de paz de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y financiada por el Ejército de
USA, tal como sucede en muchos países de América Latina, es válido
preguntarse por la estrecha relación entre las violaciones de los
derechos humanos como medio de imposición del sistema económico que hoy
impera en el mundo.
Milton Friedman,
ideólogo de la economía de mercado, en “Capitalismo y libertad” (Madrid,
Rialp, 1966), afirma que las únicas funciones del Estado consisten en
la “protección de nuestras libertades, contra los enemigos del exterior y
los del interior: defender la ley y el orden, garantizar los contratos
privados y crear el marco para mercados competitivos”. En otros
términos, asigna al Estado funciones policiales y militares, porque
cualquier otra variable sería una interferencia injusta en las leyes del
mercado, para así desarrollar la absoluta libertad de movimiento de las
grandes empresas y para la anulación del gasto social. Esto se traduce
en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada,
incrementándose las distancias entre ricos y pobres, además del
desarrollo de un nacionalismo agresivo que justifica gastos de defensa y
seguridad.
Ratificación de lo
anterior es una investigación del Senado de Estados Unidos, en 1975,
sobre la intervención en Chile, poniendo al descubierto que la CIA había
entrenado al Ejército de Pinochet en formas de “controlar la
subversión”. (Comité Selecto para el Estudio de las Operaciones
Gubernamentales Relativas a las Actividades de Inteligencia, Senado de
USA, Covert Action in Chile 1963-1973, – 18-12-1975, pág. 40).
Por
su parte, el Informe de la Comisión de la Verdad, BRASIL: NUNCA MAIS,
publicado en 1985, indica que oficiales del ejército asistieron a
“clases de tortura” impartidas por la policía militar, realizándose
“demostraciones prácticas” con prisioneros a los que se torturaba. Una
de las primeras personas en introducir esta práctica en Brasil fue Dan
Mitrione, un agente de policía norteamericano, quien “recogía mendigos
de las calles y los torturó en sus recintos para que la policía local
aprendiera diversas formas de crear en el prisionero la contradicción
suprema entre el cuerpo y la mente”. Más tarde, Mitrione pasó a
organizar la formación de policía en Uruguay. Su lema era ”El dolor
preciso en la cantidad precisa”. (Galeano, Eduardo, “Memoria del
fuego”, volumen 3, Madrid, Siglo XXI, 2006). También en Brasil, en 1964,
los militares tuvieron especial cuidado en “limpiar” el sector
sindical, pues temían una resistencia a sus programas económicos basados
en bajar los salarios y en la privatización de la economía. (BRASIL:
NUNCA MAIS).
En Argentina, dice el
INFORME SÁBATO que “una gran parte de las operaciones contra los
trabajadores se realizaron el mismo día del golpe o inmediatamente a
continuación”. En este país, el 81% de los 30.000 desaparecidos tenían
entre 16 y 30 años. “Estamos trabajando ahora para los próximos veinte
años”, dijo un torturador argentino a una de sus víctimas.
En
“The Nation” del 28 de agosto de 1976, Orlando Letelier escribió el
artículo “Los Chicago Boys en Chile”, en el que afirmó que “la violación
de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada,
el control drástico y la supresión de toda forma de disenso
significativo se discuten –y a menudo condenan- como un fenómeno sólo
indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las
políticas clásicas de absoluto libre mercado que han sido puestas en
práctica por la Junta Militar”. Y agregó que “el plan económico ha
tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse
sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de
campos de concentración por todo el país, el encarcelamiento de más de
cien mil personas en tres años, el cierre de los sindicatos y
organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades
políticas y de todas las formas de expresión. (…) Represión para las
mayorías y “libertad económica” para pequeños grupos privilegiados son
en Chile dos caras de una misma moneda”. El 21 de septiembre, a menos
de un mes después, Letelier fue asesinado por los sicarios de Pinochet,
financiados por grandes empresarios. Alguna relación tenía con la
aseveración del Informe Rettig en el sentido de que, hasta 1976, el 80%
de los prisioneros políticos de Chile eran obreros y campesinos. Se
trata de alcanzar una “armonía interna” entre el impulso de extirpar
algunos sectores de la sociedad y la ideología fundamental, que es la
economía de mercado.
A las víctimas
que se rinden en la tortura, en la jerga fascista se les llama
“quebrados”. Los “capataces” de las transnacionales y de sus secuaces
nacionales, buscan que la sociedad se quiebre y quienes no se quiebran
en las torturas, se quebrarán por la “miseria planificada”, que cobra
tantas o más vidas que las balas. Al decir de Gandhi, “una guerra
económica es una especie de tortura prolongada”.
Es
esto lo que explica que el escritor argentino Rodolfo Walsch,
posteriormente a la publicación de su “Carta abierta de un escritor a la
Junta Militar”, fue detenido, su cuerpo fue quemado y arrojado a un
río. Manteniendo la distancia moral, hago mío lo que Walsch afirmaba con
valerosa claridad, diciendo que escribía “sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que
asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Por Hervi Lara B.
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)
