Frente a los hechos que se han generado en el contexto de las movilizaciones que se realizan en la región de Aysén, y haciendo un urgente llamado a retomar el diálogo el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública que:
1. El derecho a manifestar pacíficamente es un derecho humano fundamental para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. La protesta y la movilización social constituyen herramientas legítimas de petición a la autoridad pública y también canales de denuncias públicas sobre abusos de violaciones a los derechos humanos. Sin perjuicio de ello, condenamos los hechos de violencia que se han cometido en el marco de dichas movilizaciones, los que deben ser investigados, juzgados y condenados en el marco de la legislación penal común.
2. La obligación de mantener el orden público no se contrapone a la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Por el contrario, consideramos que toda noción de orden público contiene de suyo la obligación de la autoridad de adoptar todas las medidas necesarias para el pleno respeto de los derechos de las personas. En este sentido, nos preocupa que en el marco de las misiones de observación realizadas por este instituto a la región de Aysén hayamos constatado un patrón de actuación indiscriminado y desproporcionado por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros que atentan contra la integridad física de hombres, mujeres, y niños en Coyhaique y Puerto Aysén. Llamamos a la autoridad política y a Carabineros de Chile al pleno cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en materia de uso de la fuerza institucional.
3. En este contexto y reconociendo que es facultad de la autoridad política invocar Ley de Seguridad del Estado, norma de carácter excepcional, nos preocupa que la decisión adoptada pudiera radicalizar las posiciones abortando las posibilidades de arribar a una solución que en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, exige el país.
4. La Región de Aysén ha sufrido, al igual que otras regiones extremas del país, las consecuencias históricas del centralismo político, institucional-administrativo del Estado chileno con el impacto que ello conlleva en el acceso y ejercicio de los derechos humanos para las personas que viven en dichas regiones. La transversalidad de la demanda social en la región de Aysén así como la legitimidad que la autoridad política y la ciudadanía dan a dicho movimiento es mérito suficiente para retomar de manera urgente y sin dilaciones el diálogo.
Fuente despiertaaysen.blogspot.com
