Colombia: territorio despojado y encarcelado
VOCES DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano, MOVICE- capitulo estado español, ante la magnitud del despojo de los bienes, las tierras y territorios ( más de 10 millones de hectáreas) usurpadas violentamente por la estrategia estatal, paraestatal y empresarial a campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas y colonos, denunciamos la continuidad de la política del desplazamiento forzado de más de 5 millones de personas, como una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras, consolidando la injusta asimetría sobre la propiedad de la tierra y con ella profundizando el conflicto social, político y militar que desde hace más de 60 años siembra de dolor, miseria y muerte nuestro país.
Actualmente el 0,4 % de los propietarios poseen más del 60 % de los predios, mientras el 57% de la gente tiene menos del 2% de los predios. Pero aún más grave es que el gobierno colombiano de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia, haya concesionado 39 millones de hectáreas, a empresas multinacionales mineras. Esta situación no tendrá retroceso con la Ley de Víctimas, pues las empresas mineras y de agrocombustibles están blindadas por el “derecho a la superficie” y el “contrato de uso”, para futuros pleitos jurídicos, en detrimento lógico a todo proceso de entrega de tierras usurpadas.
Todo en virtud del persistente despojo de tierras y territorios y una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que promueve la impunidad en beneficio de los despojadores, al carecer de una restitución patrimonial y no afectar los intereses de las multinacionales. De las 160 mil restituciones, a realizarse según el Plan Nacional de Desarrollo durante los cuatro años del gobierno Santos, sólo se harán efectivas 11 mil en el 2012. Finalizado el "Plan de Choque", tan sólo 1.005 hectáreas fueron realmente restituidas, prueba de que en Colombia asistimos a un modelo falseado de restituciones de tierras. Por tanto, una Ley que el MOVICE considera, no resuelve la situación integralmente hablando de los desplazados en el país e impide el cumplimiento de la sentencia T025 de la Corte Constitucional.Denunciamos que persisten las graves violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías y protección a quienes se atreven a reclamar su derecho a la restitución y retorno a las tierras y territorios, en muchas ocasiones perseguidos, criminalizados, desaparecidos y asesinados como ha sucedido con miembros del MOVICE. La permanencia de las estructuras paramilitares, así como su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país, la consolidación del poder de la parapolítica, evidencian la continuidad de la “seguridad democrática” que criminaliza, judicializa la protesta social, convirtiendo al país en un territorio encarcelado. Hoy son más de 8.000 presas y presos políticos en las terroríficas cárceles del régimen colombiano.
Reafirmamos el justo derecho de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, la miseria y la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Denunciamos que el Estado colombiano no ha tomado ninguna medida correctiva de las que ordenó la Corte Constitucional que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional (Sentencia T-153 de 1998).
La situación de las cárceles colombianas, carentes de una infraestructura adecuada, en mal estado, hacinadas, con déficit de programas de resocialización y con grandes carencias en los existentes, obligar a una persona injustamente encarcelada a transcurrir gran parte de su vida en condiciones que atentan contra su dignidad, no sólo constituye una violación de los derechos más fundamentales de las personas privadas de la libertad en estos centros, sino que pone en duda la legitimidad de la institución penitenciaria. Hacemos nuestros las reivindicaciones de la “Coalición Nacional e Internacional por el trato digno y la libertad de las y los presos políticos” :
Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos –prisioneros de guerra, de conciencia y víctimas de montajes judiciales– colombianas, que se encuentra hoy en cárceles en el exterior y las cárceles colombianas.
Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las cárceles colombianas.
Llamamos a los medios de comunicación en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de los prisioneros políticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso.
Finalmente, llamamos a la solidaridad internacional a acompañar las voces de resistencia y dignidad que desde los territorios despojados y las inhumanas cárceles colombianas, han de convertirse en denuncia de las complicidades de los gobiernos y empresas multinacionales y una mayor presión por allanar los caminos de una solución política al conflicto colombiano.
Por la dignidad y la libertad de los presos/as políticos en Colombia…
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad,
somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
