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En vísperas de los alegatos para ratificar o revocar el proceso contra los cuatro comuneros, directora del Instituto de Derechos Humanos Lorena Fríes presentó opinión en derecho ante la Corte Suprema en contra de la Ley Antiterrorista.
La directora del Instituto de Derechos Humanos,Lorena Fríes, presentó en la Corte Suprema una opinión en derecho para respaldar el recurso de nulidad contra el juicio que condenó a los cuatro comuneros mapuches por el atentado al fiscal Mario Elgueta.
La presentación consiste en un amicus curiae que el instituto puede manifestar ante cualquier poder del Estado. En este caso, el escrito está basado en las falencias que presenta la Ley Antiterrorista en relación a las garantías que tienen los ciudadanos a un juicio justo.
De acuerdo a esta opinión en derecho, la Ley Antiterrorista suprime las garantías de un debido proceso. “Estamos convencidos que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que ha implicado una cantidad de obstáculos para una justa defensa de parte de los imputados”, indicó Fríes.
Este jueves la Corte Suprema deberá decidir si acoge el recurso de nulidad presentado por la defensa de los cuatro comuneros mapuches que fueron condenados en el juicio de Cañete, entre ellos Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco.
Fríes recordó que de los 17 imputados, 13 quedaron absueltos y que los cuatro restantes fueron condenados “por las ventajas procesales, es decir, por la utilización en la investigación de las prebendas que otorga esta ley para llegar a una condena común”.
Héctor Llaitul fue sentenciado a 25 años de cárcel por el homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta y un robo con homicidio, mientras que Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo recibieron penas de 20 años cada uno por los mismos delitos.
Los cuatro se encuentran en huelga de hambre líquida desde el 15 de marzo pasado en la cárcel Angol a la espera de la revisión del juicio en la Corte Suprema. Este martes, Llanquileo fue llevado al hospital, pero luego fue devuelto a la cárcel. Gendarmería tiene autorización de la Corte de Apelaciones de Temuco para internarlos y, de ser necesario, de alimentarlos contra su voluntad.
Fríes, abogada especialista en derechos humanos, afirmó que los delitos cometidos por los comuneros mapuches se enmarcan dentro de la lucha por la recuperación de sus terrenos ancestrales y que de ninguna manera constituyen una asociación ilícita terrorista.
“Hay que saludar la idea de que hoy contamos con un Instituto que ha levantado la voz desde que surgió en la causa mapuche. Justamente para que estos procesos sean contextualizados en lo que tiene que ver con reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche, donde efectivamente se han cometido delitos, pero estamos claros que no necesariamente significan que estemos en un país donde hay una especie de convulsión terrorista”, aseveró.
Por otro lado, la abogada no descartó la utilización de un recurso de las mismas características en el Caso Bombas, pero precisó que no corresponde a esta parte del proceso, ya que recién se está preparando el juicio oral y no han existido sentencias condenatorias.
