La aprobación de la Corema de Coquimbo del proyecto termoeléctrico Barrancones, de la empresa franco-belga Suez Energy, es una prueba más de la errática política energética que viene desarrollando el país desde los gobiernos de la Concertación y que ahora se ve profundizada por la administración Piñera. Termoeléctrica Castilla, la Ampliación de Guacolda en Huasco, y Barrancones, son escandalosos ejemplos de esto.
Con la aprobación Barrancones el actual gobierno traiciona sus compromisos electorales, avala la destrucción de un patrimonio natural muy preciado para el país y la humanidad, atenta contra las comunidades costeras de la comuna de la Higuera, e incumple el “principio de responsabilidad ante la comunidad internacional” suscrito en convenios internacionales, al avalar la producción de 540 MW de energía a base de carbón, combustible desechado en casi todo el mundo por la emisión de Gases de Efecto Invernadero responsables del calentamiento del Planeta.
La gigantesca demanda energética en que se justifican estos proyectos, no responde a las necesidades del país, sino que a los requerimientos de un cúmulo de transnacionales mineras que ya han anunciado U$ 50 mil millones de inversión en los próximos 7 años (La inversión minera en los últimos 20 años fue de U$ 20 mil millones), inversiones que significarán grandes utilidades para las empresas, pero costos ambientales y sociales sin precedentes para Chile.
Piñera –en solo cinco meses de gobierno- ha mostrado su disposición a avanzar en la senda de la destrucción del patrimonio, del deterioro de la calidad de vida y del empobrecimiento de la población, para satisfacer los deseos de los grandes grupos económicos.
Lamentamos que las autoridades mientan descaradamente al sostener que este tipo de decisiones responden a criterios técnicos, en circunstancias que Servicios Públicos como Directemar, Dirección General de Aguas y Servicio de Salud entregaron argumentos técnicos contundentes para rechazar este proyecto. Nuevamente se demuestra que en Chile los proyectos se aprueban políticamente, desconociendo las consideraciones científicas, los impactos ambientales y sociales, y la opinión de las comunidades afectadas.
Hacemos un llamado a seguir levantando las demandas por el respeto a los derechos ambientales y por la Justicia Ambiental. Nos sumamos a las organizaciones sociales y comunidades de todo el país que han manifestado su desacuerdo con el camino de continuidad de esta política energética.
A rechazar Barrancones y a exigir la prohibición de las termoeléctricas a carbón.
Comunicaciones OLCA
