La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos manifiesta su absoluta indignación y rechazo a la forma en que Carabineros de Chile ejerce, con total complacencia del poder civil, abuso policial, uso innecesario de la fuerza y brutalidad en contra de ciudadanos chilenos, mapuches e inmigrantes.
Hoy, en el 82 aniversario de Carabineros de Chile no se puede negar que funcionarios y servicios policiales son ineludibles y útiles para la comunidad. Ciertamente algunos de ellos realizan tarea beneficiosas y de colaboración con la ciudadanía. Un carabinero debiera ser 100% un servidor social comprometido con los derechos humanos y siempre a disposición de la comunidad y el país.
Sin embargo, en este octogésimo segundo aniversario de la institución, aún es posible afirmar -los hechos así lo confirman- que Carabineros de Chile sigue teniendo prácticas discriminatorias, abusivas y de violencia en contra de las personas.
Casos como la desaparición del joven mapuche José Huenante en Puerto Montt; el asesinato de Oscar Ponce en Copiapó; la perdida ocular de la niña Kathya Rojas en Pudahuel; la muerte del joven Johnny Cariqueo en la misma comuna el año pasado; el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisternas; de los jóvenes mapuches Matías Catrileo y Alex Lemun; los allanamientos y la brutalidad ejercida contra infantes, mujeres y adultos mayores en comunidades de Ercilla y Tirúa. Estos actos son el resultado de una doctrina de seguridad pública adquirida en dictadura, refrendada por el legado de impunidad frente a los crímenes de DDHH cometidos por la institución entre 1973 y 1990 y amparada por los gobiernos de la Concertación.
Por otra parte, resulta inaceptable que una institución del Estado de Chile establezca relaciones clientelares y de protección a grandes grupos económicos -nacionales e internacionales- que en absoluta impunidad explotan nuestros recursos naturales y dañan gravemente nuestro medio ambiente. En este punto destaca la protección a empresas forestales y mineras en distintas regiones del país.
Particular indignación nos provoca el actuar brutal de los funcionarios de la Prefectura de Fuerzas Especiales frente a las legítimas manifestaciones de sectores de la ciudadanía que reivindican sus derechos en el espacio público. Consideramos que esta Repartición no cumple ningún servicio social beneficioso para la comunidad e implica un gasto importante de recursos de todos los chilenos y chilenas. Exigimos la reconversión de la Prefectura de Fuerzas Especiales en una Prefectura de Ayuda y Asistencia Humanitaria que responda con celeridad y eficiencia en casos de catástrofes naturales.
Justicia y Dignidad para todas las personas
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos
