lunes, 14 de abril de 2014

AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS



   
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AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS

Santiago,  11 de Abril  2014

A UN MES DE INICIADO EL NUEVO GOBIERNO DE LA NUEVA MAYORIA, LAS AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AUTOCONVOCADOS, DECLARAMOS PUBLICAMENTE:

1.- EL ESTADO DE CHILE SIGUE INCUMPLIENDO EL CONVENIO 169 TRATADO INTERNACIONAL DE LA OIT.

El panorama que enfrentamos los pueblos indígenas debido a la implementación del convenio 169 de la OIT por parte del Estado de chile continúa siendo complejo. No sólo el Poder Ejecutivo incumple el Convenio sino que también el Poder Legislativo.

Las medidas administrativas y legislativas que se han planteado en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet y sus primeras 50 medidas, en todos aquellos aspectos que nos afectan como pueblos indígenas deben ser consultados previa, libremente y de manera informada, según los estándares internacionales y tal cual lo señala el artículo 6 del Convenio 169. Asimismo, tenemos derecho a participar en las políticas, planes y programas públicos en materias indígenas según el artículo 7.


Consideramos de suma gravedad la inexistencia, hasta ahora, de una gestión política y pública, bajo el principio de “buena fe”, de la articulación y vinculación recíproca entre tratado internacional ratificado por Chile, el derecho interno, derecho consuetudinario y la jurisprudencia nacional e internacional de los organismos de derechos humanos. En síntesis los pueblos indígenas esperamos que se aborden los asuntos estructurales entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, en concordancia con las exigencias de los tratados internacionales y derechos de los pueblos indígenas.
2.- SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DECRETO 66 Y LA CONSULTA INDIGENA CONTENIDA EN REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
El Estado no puede seguir retrasando o queriendo aplicar de modo torcido con apariencia de rectitud el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, haciendo tabla rasa de la insatisfacción de los pueblos indígenas respecto a los dos reglamentos que promulgó el gobierno que le precedió (número 66 y 40) y su solicitud de derogación inmediata. Resolución que pudo haberse adoptado con la misma celeridad y fuerza que lo hizo el Ministro de Economía con el decreto 153 que normaba el contrato con las instituciones financieras.   
Sin embargo, los gobernantes de turno, como un libreto kafkiano  autoaprendido, de acatamiento  corporativo, una y otra vez, fijan una hoja de ruta y una agenda política confusa, saturada de laberintos clientelares, uso intensivo de estratagemas burocráticos y la supremacía del poder de estado, domesticando la participación de los pueblos indígenas y relativizando nuestros derechos con arreglo a un sistema mayor que nos somete provocando daños irreparables a nuestra propia identidad.
A pesar, que se ha mantenido una amplia oposición de los pueblos indígenas, tanto en la forma como en el fondo, de los procesos llevados a cabo por el anterior gobierno, con el objeto de construir reglamentos para la consulta indígena, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su ministra María Fernanda Villegas, insiste en continuar una política indígena, manteniendo  y publicitando en la  página web del Ministerio el ilegitimo decreto 66, que se convierte en verdadero mecanismo atentatorio que no hace más que facilitar legalmente el despojo de los territorios y sus recursos. Dañando esencialmente el desarrollo y vida de los pueblos indígenas.
Tanto el Decreto 66 de consulta indígena general y el 40 que regula la consulta indígena contenida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), solventan procesos consultivos instalados sin eficacia real, que no reguardan los intereses y necesidades de los pueblos indígenas. Son formulados para mantener la desigualdad estructural que aqueja a los pueblos indígenas, legitimando a los pocos que tienen el poder en el país, impidiendo que se logre justicia para nuestras justas demandas y derechos.
De esta forma, el Gobierno de la Nueva Mayoría, salvaguarda una política indígena conservadora haciendo política sin considerar al conjunto de los pueblos, sujetos, organizaciones y autoridades ancestrales. Se han quedado en esa vieja forma de gobernar en el clientelismo y en la confusa institucionalidad que mezcla estado y pueblos indígenas institucionalizados, transformándola como  siempre, en una mayoría estatal que prevalece al momento de la decisión política sobre las legítimas demandas de los pueblos indígenas.  

 3.- CONADI INSTITUCIONALIDAD ESTATAL INDÍGENA Y NO INSTITUCIONALIDAD ANCESTRAL INDIGENA
Un vez más se ha puesto de relieve los problemas estructurales que demuestra la ausencia de política pública hacia los pueblos indígenas, privilegiando el desarrollo de política social, a través de una institución como CONADI, que resuelve problemas sociales y que no soluciona el problema político de fondo.  

Cada gobierno que rige aplica el monopolio legítimo que lo sustenta para alcanzar un determinado tipo de sociedad. En este sentido el Gobierno de la Nueva Mayoría, no se ha diferenciando de otros gobiernos. Plantea y gestiona sus políticas desde el Estado superpoderoso, no lo hace siguiendo los principios esenciales del Convenio 169 ni mucho menos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sin duda alguna es un retroceso político para los pueblos indígenas, que hasta ahora, no exista claridad política, que no se deroguen decretos ilegítimos, que no se presenta ante los pueblos indígenas y al pueblo chileno un modelo concreto de cómo se resolverán problemas históricos. Que se siga privilegiando el desarrollo de una institucionalidad estatal indígena, por una parte y por otra, que se haga política indígena con “expertos” en las sombras, que se trasmutan en verdaderos  operadores de una ética del lucro privado y que se amparan bajo una red de influencias y compromisos políticos con el sistema y su élite.

Hacemos presente que esta política nefasta, en el gobierno de la derecha, pretendió fomentar entre otras cosas la idea del mapuche emprendedor, de tal modo que se valió de esta visión para formular planes globales y fragmentados en todos los pueblos, así mismo intentar replicar fuera de realidad modelos extranjeros de pueblos indígenas que han sido relegados a “reservas” tipo museo.

INSISTIMOS que conadi no es el órgano representativo de los pueblos, es una institucionalidad cuestionada por no resolver los problemas políticos de fondo. Asimismo, dejamos claro que NO tenemos “casas de estudio, ni instituciones internacionales ni ONGs ni expertos” que hablen por nosotros. Es nuestra VOZ la que se debe respetar.  No queremos participar como una sociedad indígena asimilada y subordinada, totalmente contraria al espíritu de cada pueblo indígena.

Las explicaciones y fundamentos sobreabundan, sin embargo para avanzar en materia de los pueblos indígenas, se debe realizar desde el enfoque de derechos,  humanos y de los pueblos indígenas, los que deben ser respetados y resguardados dentro del marco de los tratados y recomendaciones tanto nacionales e internacionales que obligan al Estado chileno a cumplir con sus exigencias.
4.- EL ESTADO TIENE QUE ASUMIR UN ROL ACTIVO EN EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PUBLICA PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS
No se debe esperar la presión social para actuar. La definición de una política pública hacia los pueblos indígenas  es una tarea que se tornará constante  y se insistirá en el mecanismo apropiado para su definición y su desarrollo. NO ES UNA INVITACION A PARTICIPAR, TENEMOS EL DERECHO Y ES IRRENUNCIABLE. El Estado debe asimilar los nuevos tiempos políticos respecto a la forma de hacer política con los pueblos indígenas, eliminando para ello toda forma de cooptación.
Exigimos un trato igualitario y justo, consideramos que la recepción de parte del Ministerio Secretaria General de la Presidencia a grupos indígenas que expresan una sola visión del problema y se postergue y niegue la comunicación con los pueblos indígenas como las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, que han mantenido una postura clara por la defensa de los derechos de los pueblos. Esta negativa a ser recibidos por parte de las actuales autoridades, demuestran que el Ministro de Medio Ambiente y la Ministra de Desarrollo Social, plantean una política de dialogo caracterizada por el sectarismo y que todo apunta que se consolide una seudo institucionalidad indígena, y que se cercenen nuestros derechos a la consulta previa, libre e informada tal cual fue concebida originalmente en el decreto 124 y que en definitiva solo seamos escuchados con la finalidad de convencernos que los proyectos de inversión son beneficiosos para las comunidades o que la Conadi es la institución que reemplaza a las Instituciones Ancestrales de los Pueblos Indígenas.
La tensión entre el Estado y los Pueblos Indígenas seguirá intensificándose, dado el carácter complejo del tipo de economía que se impulsa en el país, el modelo de desarrollo, políticas clientelares y de sometimiento y, así como también, la negación permanente a sus Dirigentes Autoconvocados y Autoridades Ancestrales.  Por esta razón insistir en la lógica política que se ha usado hasta ahora sería repetir el fracaso y profundizar aún más la deuda histórica.

Finalmente, insistimos que es absolutamente necesario incorporar en la agenda pública un discurso altamente incluyente y coherente hacia los pueblos indígenas en el quehacer nacional, que se centren en la necesaria autonomía y autodeterminación, participación  política, formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos de los pueblos indígenas,  creación y gestión de nuestra propias instituciones pluriculturales, reformas políticas en el marco de nuestro derechos, entre otras.

“ Autoridades Ancestrales y Dirigentes de
 Los Pueblos Indígenas Autoconvocados”