Entrevista a José Aylwin. Aproximadamente 80 días (82 días) son los que llevan en “huelga de hambre” los Presos Políticos Mapuche recluidos en las cárceles de Temuco, Concepción, Angol, Lebu y Valdivia. Rotas nuevamente las conversaciones en la malograda “mesa de diálogo” creemos necesario como revista CARCAJ, contribuir desde la reflexión y el pensamiento a esta causa. Lo nuestro no es una resistencia física, pero sí al menos de conciencia mediática. Cuando los canales oficiales están inte¬rrumpidos, debe¬mos utilizar todos los medios posibles.
José Aylwin, creemos necesario consultarle sobre la “criminalización” de las protestas mapuche, considerando que para la opinión pública el problema se reduce hoy a una huelga porque son procesados bajo la ley antiterrorista. ¿De qué modo esa visión, cree usted, podría cambiar para ocuparse de lo que hay de fondo, que son las demandas de las comunidades?
La huelga de hambre de los presos mapuche es la punta del iceberg, es lo que luego de romperse el cerco puesto por los medios de comunicación se puede ver de una realidad mucho más profunda. A la huelga llegan los mapuche tras una larga historia de violencia por parte del estado chileno, que se remota a la ocupación militar de la Araucanía, a la radicación forzada, a la división de las tierras comunales, a la contra reforma agraria que vino luego de la reforma de los 60 y 70, a la división forzada de las tierras comunales. En las últimas décadas, bajo los gobiernos de Concertación, ella se manifiesta además en el apoyo público a la expansión acelerada de la inversión forestal en sus tierras legales y/o ancestrales, a la proliferación de centrales hidroeléctricas en sus comunidades, y a la represión indiscriminada de la protesta social mapuche frente a esta realidad. Ello a través del uso de la legislación más dura, la ley antiterrorista heredada de dictadura para perseguir dicha protesta y los delitos que puedan haber cometido en su desarrollo, y en los abusos permanentes de las fuerzas policiales en sus comunidades, afectando la vida y la integridad de sus integrantes, incluyendo niños y ancianos.
En su libro El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”, de acuerdo a su análisis y de los demás autores, queda a la vista la falta de compromiso demostrado por los gobiernos de la Concertación, y de qué modo se les escapó de las manos el “conflicto mapuche”, donde se volvía como primordial hacer efectiva la mentada “integración” que se postulara reiteradas veces. ¿Podría aventurar una relación distinta en consecuencia que las presiones son mayores y que podría ser inminente un desenlace trágico en estos días?
La presión legítima ejercida por los mapuches en la huelga de hambre ha tenido ya un gran impacto en el país. Ella marcó el bicentenario de una manera radical. Desde ese punto de vista lo logrado por los presos mapuche ha sido enorme. No hay nadie que pueda ignorar esta herida profunda de Chile que ha quedado al descubierto en el marco de este bicentenario, el que para los mapuche y para otros pueblos indígenas no es sino una falacia. Ello no solo porque sus territorios no llevan dos siglos de inserción en el país, sino por cuanto nunca estuvieron realmente invitados a ser parte de Chile, sino a través de su asimilación y más tarde de su integración forzada. Ahora, si bien los huelguistas mapuche han conseguido mucho en este sentido, sus demandas por un juicio justo hasta ahora no han sido satisfechas. Por ello es que mantienen la huelga de hambre, la que ya ha tenido graves impactos en su salud, algunos presos mapuche han bajado hasta 25 kilos y plantea el peligro inminente a su vida. Si ello llega a ocurrir, cuestión que esperamos no suceda, las posibilidades de superar las heridas que afectan al pueblo mapuche por la vía del diálogo se harán más remotas. La violencia opresiva del estado puede generar violencia reactiva de parte del mundo mapuche. Es el estado como garante del bien común el que tiene que abordar esta realidad y dar solución a las demandas de juicio justo del mapuche, antes de que sea muy tarde.
Cuando se afirma que los delitos mapuche serían considerados terroristas, en tanto no afectan a la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública, sino a los bienes materiales. Cabe preguntarse, entonces, ¿para el Estado y los tribunales militares, el daño a la propiedad también constituye un crimen?
La política de criminalización de la protesta social mapuche ha dejado en evidencia las paradojas de la justicia chilena. Para ella vale más la propiedad que la vida humana. Así lo han dejado en evidencia los requerimientos hechos en contra de personas mapuches por el ministerio público y el ministerio del interior, y los fallos de los tribunales. Tales fallos han condenado a elevadas penas de cárcel a líderes mapuches por delitos como la amenaza de incendio terrorista, en circunstancias que la afectación a la vida de las personas mapuche asesinadas por carabineros, o de las personas que han sido objeto de maltrato policial, han quedado en la impunidad. Ello es una forma de violencia en contra del mapuche que, sin duda, ha afectado la convivencia interétnica en el sur del país. Las implicancias que ello tendrá a futuro para dichas relaciones interétnicas son preocupantes. De mantenerse esta tendencia, los jóvenes mapuches reafirmaran su percepción de que a través del estado no se puede lograr justicia, y ello es grave.
Yéndonos más atrás y a la luz del Bicentenario, en los albores de la República los indígenas, principalmente, los araucanos, fueron considerados como anticolonialistas por los independentistas, mientras al contrario ellos veían en aquel posible Estado en formación una amenaza aún mayor y más violenta. De hecho la llamada “Pacificación de la Araucanía” se inició en 1861, ¿cuánto ha cambiado esa condición, pensando que con un nombre semejante, se levantara la Operación Paciencia en el 2003, como una forma de represión más fuerte en la zona?
El estado sigue impulsando políticas de integración forzada. Los gobiernos post dictatoriales, como lo hemos dicho, han tenido una política dual hacia los pueblos indígenas en general y los mapuche en particular. Por un lado han comprado tierras y aportados recursos para el desarrollo. Sin embargo, el proyecto central de estos gobiernos ha sido la inserción de sus territorios en la economía global, a través de proyectos de inversión productivos y extractivos. Y cuando los mapuches se han opuesto a ellos, se les ha perseguido y criminalizado. En este sentido el proyecto del estado sigue siendo colonial, más sutil que en el pasado, pero colonial al fin. El Plan Araucanía de Piñera es una nueva manifestación de ello.
Por último, si el Bicentenario conmemora 200 años de independencia, ¿de qué manera el Estado Nación de Chile, podría celebrarlo sin haber resuelto el tema mapuche?
Como antes se señalara, el bicentenanrio es una falacia para los mapuche. El estado chileno no existía en la Araucanía en el 1810, tampoco en el norte en los territorios de los pueblos andinos, el que estaba bajo el control de Perú y Bolivia, tampoco en Rapa Nui, isla que fue anexada recién en 1888 a Chile. Además de ello, no han sido invitados sino a sumarse a un proyecto que fue impuesto por la elite hispano criolla. La historia de Chile para los pueblos indígenas es una de imposición y de fuerza, y por lo mismo los pueblos indígenas rechazan su inserción en el Estado. Mientras este Estado no se reconozca como plurinacional e intercultural, como lo ha hecho Bolivia y Ecuador recientemente, los mapuches seguirán resistiendo al Estado. Eso es lo que ha ocurrido en esta celebración del bicentenario de Chile. Como muchos han señalado, en este bicentenario no hay nada que celebrar.
Fuente: www.carcaj.cl
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